Alaya asume la investigación de los cursos de formación
Anticorrupción desoye la petición de la Junta de quitar a la juez Mercedes Alaya la causa sobre irregularidades en los cursos de formación y señala que la magistrada «actuó correctamente».
La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto al incidente de nulidad planteado por la Junta de Andalucía para que la juez Mercedes Alaya, que también instruye la causa de los ERE falsos, deje de investigar el presunto fraude de los cursos de formación y ha reiterado que la magistrada es competente para instruir este procedimiento.
Según avanzan agencias, Anticorrupción ha elevado un escrito al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla en el que se opone a la petición de nulidad formulada a finales de octubre por la Junta de Andalucía por considerar que se ha realizado «sin concretar cómo o dónde se le causa la indefensión». A juicio de la Fiscalía «no se han vulnerado las normas de reparto» y la magistrada «actuó correctamente».
Cabe recordar que el mes de octubre, la Junta elevó un escrito al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla en el que solicitaba la nulidad de toda la actuación desarrollada por la magistrada Mercedes Alaya desde el pasado 7 de mayo en el marco de la investigación sobre el presunto fraude en subvenciones a cursos de formación, por considerar que la juez había podido vulnerar el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley para «autoatribuirse» la causa.
En dicho escrito, informan agencias, el Gobierno andaluz solicitaba a la juez que «retrotaiga la instrucción al momento en que recibió el oficio de 13 de septiembre de 2013 remitido por la Oficina Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil donde se recoge la denuncia que realiza ante esa Unidad don Teodoro Montes», jefe del departamento de gestión de la Formación Profesional Ocupacional de la Junta que denunció «graves» irregularidades en la concesión de cursos de formación.
La Administración fundamenta su petición de nulidad de las actuaciones de la juez en la declaración judicial del propio Montes el pasado 17 de octubre, cuando manifestó literalmente que «tras seis o siete años esperando que alguien lo oyera llegó a la puerta de este Juzgado para formular denuncia y se le indicó que lo hiciera ante la Guardia Civil». En opinión del Ejecutivo andaluz, la actuación del Juzgado «no se puede compartir» porque «no es entendible que se remitiera» a Montes a la UCO de la Guardia Civil, «cuya sede se encuentra en Madrid», en lugar de «a la Fiscalía o al Juzgado de Guardia».