Este plan del decreto de Inclusión permitirá emplear a alrededor de 25.000 personas con un presupuesto de 40 millones de euros.
Un total de 765 ayuntamientos de Andalucía, el 99,2% de los 771, se repartirán los 40 millones de presupuesto con los que cuenta el Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación del Decreto de medidas extraordinarias y urgentes para la inclusión social a través del empleo y el fomento de la solidaridad en Andalucía.
El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), publica hoy la relación de Ayuntamientos participantes, así como las cuantías asignadas a cada uno de ellos. Con este plan de empleo extraordinario se pretende realizar alrededor de 25.000 contratos, que serán gestionados por los consistorios. La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha afirmado que “el Gobierno andaluz mantiene el convencimiento de que el empleo es la mejor arma para garantizar la dignidad y el bienestar de las personas y las familias”.
Por provincias, Almería recibirá, para los 100 ayuntamientos participantes, casi 3,3 millones de euros; en Cádiz, se han acogido 44 consistorios, que recibirán 6 millones. Por su parte, Córdoba cuenta con 75 ayuntamientos participantes y una dotación cercana a los cuatro millones, mientras que en Granada son 166 los ayuntamientos que se acogen al programa, con casi cinco millones de euros de presupuesto. En Huelva son 79 ayuntamientos y 2,7 millones; en Jaén, 97 consistorios y 3,3 millones. En Málaga se adherido a este plan extraordinario 99 ayuntamientos, con una asignación de 6,8 millones; en Sevilla, suman 105 ayuntamientos participantes, con 8,8 millones de asignación.
El Programa de Ayuda a la Contratación recoge ayudas extraordinarias a las corporaciones locales para la contratación de personas desempleadas y en riesgo de exclusión social, por un periodo de entre 15 días y tres meses, para el desarrollo de actividades de interés para la comunidad. Se trata de un programa dotado con 40 millones de euros y que persigue combatir las situaciones de exclusión social que, con motivo de la crisis económica, se están dando en muchos hogares andaluces. Con esta motivación, en la adjudicación de los contratos se dará prioridad a las unidades familiares con todos sus miembros en paro, las familias numerosas de las que formen parte menores de edad, las personas con discapacidad o en situación de dependencia y a las familias monoparentales y víctimas de violencia de género con hijos a cargo.