Aparecen gastos de desplazamiento no justificado y pagos indebidos por IVA, denuncia el PP. La formación llevará una pregunta urgente a la consejera de Fomento en el próximo pleno del Parlamento.
El portavoz de Infraestructuras del Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía, Jaime Raynaud, ha revelado hoy un informe “demoledor” de la Cámara de Cuentas en el que alerta de irregularidades en la gestión de fondos del que se derivarían “indicios de responsabilidad administrativa y contable” en la Empresa Pública del Suelo de Andalucía (EPSA), dependiente de la Consejería de Fomento Vivienda. EPSA está actualmente bajo investigación judicial en el juzgado que instruye el caso INVERCARIA, junto a otras empresas públicas de la Junta de Andalucía.
Se trata de un informe elaborado por el órgano fiscalizador que analiza las fuentes de financiación y de la gestión de recursos humanos de EPSA en el ejercicio 2011. En él, el órgano pone varios reparos relativos, por ejemplo, a incumplimientos de la normativa presupuestaria y contable de los fondos transferidos desde el Presupuesto de la Junta, o a la concesión de 144,7 millones en ayudas públicas a Fomento del Alquiler y Rehabilitación Singular de Edificios, superior a los créditos consignados en el Presupuesto de la Consejería.
Además, advierte de que se han imputado gastos directos y corporativos de la empresa con cargo a estos programas por importe de 74 millones. A juicio de la Cámara de Cuentas, éste es un incumplimiento del que podrían derivarse indicios de responsabilidad administrativa y contable.
La Cámara de Cuentas también apunta indicios de responsabilidad administrativa y contable en la horquilla de retribuciones del personal directivo, que, subraya, “ha superado el importe máximo establecido en la Ley de Presupuestos”. Entre ese personal directivo, el órgano pone reparo a 8 indemnizaciones por traslado entre octubre de 2003 y diciembre de 2012 a trabajadores “que habían causado ya baja en la empresa a la fecha de la realización de los trabajos de campo”.
Igualmente, advierte que al fiscalizar las encomiendas de gestión y externalizar trabajos, se está aplicando el IVA a las operaciones que se han realizado con fondos del Presupuesto. Dichas actuaciones no estarían sujetas a IVA y han repercutido indebidamente a la Consejería un importa de 10,6 millones de euros. Por otra parte, apunta a la aparición de “desfases” entre los créditos aprobados y los gastos realmente realizados por EPSA, que han dado lugar a un déficit financiero acumulado a 31 de diciembre de 2011 de 256,6 millones de euros.
En cuanto a la gestión del personal, el informe señala que la distribución del personal “no corresponde a las funciones reales de la empresa”, y que en los procesos de selección “no consta que se haya seguido un procedimiento que garantice la publicidad y concurrencia”.
Para Raynaud, el caso de EPSA es un reflejo de cómo ha funcionado la administración paralela en la Junta de Andalucía, que, a su juicio, “no ha sido más que “una auténtica hucha perdida donde ha ido a parar millones y millones de euros de los andaluces y que ha servido para nos respeta el trabajo de los funcionarios, colocar a dedo, o inflar las plantillas; todo muy alejado de lo que debe ser una administración racional, austera y que contribuya a la creación de riqueza y de empleo”. Por ello, anunció que el PP realizará una pregunta de máxima actualidad a la consejera del ramo en el pleno de la próxima semana.