El consejero de la Presidencia ha señalado que la norma es «inaplicable» y «enreda» la prestación de servicios públicos.
El consejero de la Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, ha reiterado el rechazo de la Junta al proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local planteado por el Gobierno central “porque vacía de poder y secuestra la autonomía municipal”. Asimismo, ha señalado que la reforma local es “inaplicable” y “enreda la gestión de los servicios municipales públicos”, porque la Administración provincial, a la que se derivarían algunas de estas prestaciones, “no va a ser capaz de aplicarlos con sus medios propios”.
En su intervención ante la Comisión de Presidencia, el consejero ha lamentado que el proyecto de ley que se debate en las Cortes Generales “trata de poner un acento ideológico de recentralización del poder y de traspaso efectivo de competencias a través de ese control del Estado sobre los Ayuntamientos”.
En este sentido, ha defendido que los consistorios “son una parte muy importante de la columna vertebral del sistema democrático español y que han contribuido, en mayor medida que otros, a la modernización del país y al reforzamiento democrático de nuestra tierra”. Al mismo tiempo, ha señalado que estos organismos “no son culpables de la crisis” ya que su deuda “no está más allá del 4% o del 6% del déficit del PIB nacional”.
Por este motivo, lamenta que “la reforma y su tratamiento lo que hacen es considerar a los Ayuntamientos como menores de edad cuando son tan parte del Estado como otros”. Asimismo, señala que la norma “les detrae representatividad y soberanía popular y democrática y traslada sus competencias a unas instituciones, como son las diputaciones provinciales, cuyos órganos son elegidos por vía indirecta y no son votados por los ciudadanos”.
En este sentido, también ha criticado el concepto de “coste estándar de servicios”, que establece el Gobierno central, ya que lo considera “una amenaza contra aquellos que Ayuntamientos que no cumplan los parámetros de coste para retirarles los servicios y llevárselos a la Administración provincial”. Por tanto, ha subrayado que esta reforma es una “vuelta atrás a escenarios municipalistas que nunca debieron traspasarse”.
Finalmente, Jiménez Barrios ha apuntado que “no se puede imponer una reforma de la Administración Local de gran calado, que establece un nuevo modelo de relaciones de los Ayuntamientos con el resto de las instituciones del Estado, sin un proceso de negociación y participación”.