La consejera de Fomento apela a la constitucionalidad del decreto de vivienda, aplicado con «diligencia y utilidad social».
La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, ha apelado en Pleno del Parlamento la constitucionalidad del Decreto Ley para Asegurar la Función Social de la Vivienda, suspendido cautelarmente por el Tribunal Constitucional (TC) ante el recurso del Gobierno central.
Para Cortés, la norma se ha aplicado desde su entrada en vigor «con eficacia, diligencia y utilidad social para toda Andalucía», por lo que tras la decisión del TC, ha apuntado, «las familias en riesgo de desahucio vuelven a estar en manos de la buena voluntad de bancos y jueces». Así, ha reiterado su reclamación a las entidades financieras de paralizar los desalojos hasta el pronunciamiento judicial.
En su intervención, la consejera de Fomento y Vivienda ha alertado de algunos de los efectos negativos que está ya teniendo la decisión del Constitucional como consecuencia del recurso del Gobierno. A su juicio, «la suspensión ha anulado el efecto disuasorio de la norma», asegurando que «no sólo afecta a las 18 personas que antes de la suspensión se habían acogido, afecta a las cientos de personas que pretendían beneficiarse de la expropiación temporal y perjudica a todas las personas en riesgo de desahucios que hay en marcha o están por venir».
Además, añade que «la norma está presente en todas las negociaciones entre la entidad financiera y la persona en riesgo de desalojo y actúa en todos los casos como agente disuasorio del desahucio, ya que ante la perspectiva de ver la vivienda multada o expropiada, la entidad financiera se lo piensa más».
Asimismo, Cortés ha incidido en que la suspensión encarece el acceso a la vivienda, «en la medida en que aplasta una iniciativa que promueve el alquiler, ya que impide que detectemos las viviendas vacías para promover su salida con esta finalidad». El objetivo de esta normativa no es, tal y como ha aclarado la consejera, «recaudatorio, sino que persigue modificar el comportamiento del mercado y provocar que el stock de vivienda deshabitada se ponga en arrendamiento a precios asequibles», un fin –añade- que «ningún Gobierno ha logrado hasta ahora».
Esta consecuencia está directamente relacionada con la creación y definición que hace el Decreto Ley de la figura de la vivienda vacía para su inclusión en un registro de inmuebles deshabitados para, a partir de ahí, establecer sanciones de hasta 9.000 euros para las personas jurídicas o bien incentivos para los propietarios particulares.
En ese sentido, la consejera Elena Cortés ha insistido en que durante el período de vigencia del decreto ley, su departamento ha aprobado un plan extraordinario de inspección con el cual ya se estaban detectando inmuebles vacíos que iban a pasar a formar parte del primer registro de este tipo.
Además, ha explicado que una veintena de entidades financieras ya habían comunicado las viviendas protegidas que tienen en sus balances, así como que la Junta trabajaba en el momento de la suspensión en la orden de fomento de medidas en materia de alquiler y en el decreto de traspaso de funciones a la Empresa Pública de Suelo de Andalucía en materia de fianzas de arrendamientos y suministros.
Cortés ha vuelto a reiterar que el decreto ley para Asegurar la Función Social de la Vivienda es «plenamente constitucional y está sustentado perfectamente en nuestro ordenamiento jurídico», aludiendo al artículo 47 de la Constitución, a la sentencia del Tribunal Constitucional de 1987 dictada sobre la Ley de Reforma Agraria Andaluza o la sentencia del alto Tribunal de 1997, que refuerza la idea de que los límites al derecho de propiedad pueden ser establecidos en una ley autonómica. La consejera ha denunciado «la falta de fundamentación jurídica del recurso del Gobierno» y ha criticado que «para presentarlo ha tenido que recurrir a la Comisión Europea».
En su discurso, la titular de Fomento y Vivienda ha negado que «este Decreto afecte negativamente al sistema financiero». «Todo lo contrario», ha añadido, ya que a su juicio «al promover el alquiler y fomentar una menor acumulación de riesgo crediticio, favorece su consolidación».
Cortés también se ha referido al ofrecimiento de diálogo informal por parte del Gobierno para abordar las consecuencias de la norma aprobada por el Ejecutivo andaluz, respondiendo que «queremos hablar en el seno de la Comisión Bilateral puesto que somos un Gobierno democrático».
Por otro lado, la titular de Fomento también ha defendido que «en Andalucía hay un Gobierno diferente, que hace las cosas distintas. «En Andalucía hemos aplicado la paralización de los desahucios en el parque público de vivienda hace ya un año, hemos contribuido a que más de 2.000 personas amenazadas de desalojo continúen en sus viviendas gracias al Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, y hemos aprobado un Decreto Ley para Asegurar la Función de la Vivienda», ha indicado.
Todas estas medidas se han puesto en marcha, a su juicio, en un contexto en que «se han producido más de 80.000 desahucios desde 2007 a pesar de haber entre 700.000 y un millón de inmuebles vacíos».
«Esta situación no es sostenible en términos sociales, ni políticos, ni éticos, y más cuando teníamos encima de la mesa una sentencia del Tribunal de Luxemburgo, que ponía de relieve que desde 1995 el Estado español debía haber traspuesto una directiva europea de protección de los consumidores de productos hipotecarios que hubiera evitado en buena medida la sangría de los desahucios», ha puntualizado.
«Como servidores de la ciudadanía, tenemos la obligación de defender el interés general y estar junto a las víctimas de la crisis, cumpliendo el compromiso de exprimir todas las competencias de la comunidad autónoma», ha concluido.