Pese a que dice que no lo hará, reconoce la existencia de un Reglamento que obligaría al Gobierno autonómico a abonar sus tasas. La Junta ya pagó la defensa del imputado Daniel Rivera.
La imputación de 20 cargos y ex altos cargos de la Junta de Andalucía en el caso de expedientes de regulación de empleo fraudulentos que investiga la juez Mercedes Alaya ha avivado hoy el debate en el seno del Gobierno andaluz.
Después de que esta mañana, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz de la Junta, Miguel Ángel Vázquez, confirmara que el Gobierno autonómico pagará la defensa de los últimos imputados en el caso de los ERE, la propia Oficina del Portavoz ha emitido un comunicado a última hora de la tarde en el que rectifica sin rectificar del todo sus palabras.
De esta forma, y en ese comunicado de rectificación, la Junta sostiene que “no va a abonar” la defensa de los imputados por el último auto del Juzgado de instrucción número 6 porque ni siquiera ha sido aún notificado a los imputados, y por tanto no existe la preceptiva solicitud por su parte de asistencia de los Servicios Jurídicos de la Comunidad, ni informe previo, ni autorización».
No obstante, este mismo texto reconoce la existencia de una norma a la que aludía por la mañana Miguel Ángel Vázquez y que regula la asistencia jurídica a las «autoridades y personal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía».
La norma referida es el Decreto 450/2000, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía y del Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía. Según la disposición adicional segunda del citado Decreto, «los Letrados de la Junta de Andalucía podrán representar y defender a las autoridades y personal al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía, cualquiera que sea su categoría, en toda clase de procedimientos judiciales que se dirija contra ellos, siempre que se trate de actos u omisiones realizados en el ejercicio de sus cargos cumpliendo el ordenamiento jurídico o las órdenes de sus superiores, y que se conceda la autorización correspondiente, previo informe del Gabinete Jurídico, por el titular de la Consejería de quien dependa el afectado».
Igualmente, en su artículo 3, esta disposición establece literalmente que «en los casos en los que, resultando procedente la defensa de las autoridades y personal de la Administración de la Junta de Andalucía por los Letrados de la Junta de Andalucía, pudiera existir incompatibilidad material por la posición procesal de la Comunidad Autónoma haya de mantener en el mismo o en otros procedimientos, la Consejería competente, previo informe del Gabinete Jurídico, podrá contratar los servicios de profesionales que se encarguen de la defensa de aquel personal».
El Decreto 450/2000 «asiste y protege jurídicamente al personal de la Junta de Andalucía en su conjunto, sin distinción alguna por cargo o función. Solo tiene en cuenta que el proceso judicial afecte al desarrollo de sus funciones contempladas en el marco de la ley», recuerda la Oficina del Portavoz del Gobierno.
«Hasta ahora, y después de tres años de instrucción judicial, la Junta solo se ha hecho cargo de la defensa de Daniel Rivera, ex director general de Empleo, porque así lo estimó conveniente el Servicio Jurídico, el mismo servicio que ha solicitado la imputación y afianzamiento de varios ex altos cargos de la Junta», insiste en recordar el portavoz.
Los imputados podrán pedirlo
Sin embargo, no fue lo que afirmó esta mañana Miguel Ángel Vázquez. Tras la habitual reunión del Consejo de Gobierno de los martes, el portavoz del Gobierno autonómico dijo que la Junta de Andalucía pagará la defensa de los cargos de la administración autonómica imputados en el caso de los expedientes de regulación de empleo. Esto siempre y cuando estos lo pidan.
Sostenía Vázquez que lo que la Junta de Andalucía hará será aplicar “estrictamente” el Reglamento de sus servicios jurídicos, que permite esta posibilidad a las personas que ocupen un cargo actualmente o sean funcionarios en activo.
Aunque los últimos imputados en la trama de los ERE todavía no han recibido la notificación oficial por parte del juzgado, algunos ya han anunciado que recurrirán la decisión de la juez Mercedes Alaya.