El presidente del PP andaluz considera que por intervención «directa o indirecta», algún miembro del actual Gobierno autonómico podría ser imputado en el caso ERE. Critica que el decreto de vivienda sólo «busca un titular».
El presidente del PP andaluz, Juan Ignacio Zoido, cree que «puede haber algún miembro» del actual Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía que acabe «imputado» por el caso de los ERE fraudulentos que instruye la jueza Mercedes Alaya, bien por «intervención directa o indirecta». En unas declaraciones a Canal Sur Televisión, Zoido no cree que sea el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, pero sí se ha referido a otros miembros del actual Gobierno autonómico.
El presidente de los populares andaluces considera que hay personas dentro del Gobierno que pueden haber tenido responsabilidad política por «conocerlo y consentirlo o no alertarlo» y se basa en que «han sido muchas las advertencias de las Intervención General sobre que no había procedimiento reglado». «Si se produce un fraude, no sólo el que lo propicia tiene responsabilidad, sino también el que lo conoce y mira para otro lado», ha señalado.
La Junta sólo «busca un titular»
Respecto al decreto ley de función social de la vivienda aprobado por la Junta y que permite la expropiación temporal por tres años del uso de viviendas «en inminencia» de desahucio, Zoido ha reprochado a la Junta su afán por «manipular» y por «ir a buscar un titular» con esta medida que supone «romper con los consensos». Para el presidente del PP andaluz, esta medida se debe a las presiones de IU, el socio de gobierno del PSOE en la Junta, y considera que sin la federación de izquierdas, Griñán no hubiera aprobado un decreto que «no contempla ninguna medida real para las personas que lo necesitan».
Asimismo, señala que el decreto «copia» las medidas del Ejecutivo central y, en este sentido, ha defendido la actuación del Gobierno de Mariano Rajoy en relación con los desahucios al resaltar que ha sido «el primero y el único que ha regulado la dación en pago con carácter retroactivo para familias en situación de vulnerabilidad, el primero que ha paralizado los desahucios y el primero que ha puesto en marcha un fondo social de viviendas».