Vigilantes de la playa
Vigilantes de playa/Archivo

El consejero de Presidencia, Elías Bendodo, ha anunciado este martes en rueda de prensa que este verano no habrá vigilantes COVID en las playas andaluzas. En la comparecencia que ha ofrecido junto al consejero de Hacienda, Juan Bravo, ha declarado que los «vigilantes de la playa, en principio, no están previstos». Ya en abril Bendodo adelantaba que este verano no se iba a contratar a estos informantes de las medidas sanitarias. La razón era que «ya no son necesarios». Ha pasado más de un año desde que convivimos con la pandemia y la población está «concienciada», aseguraba también portavoz del Gobierno andaluz.

Un mes después, Bendodo reitera su posición y mantiene que estos vigilantes no serán necesarios en esta temporada estival. Recalca, además, que el año pasado «no sólo se contrataron un número importante de auxiliares de playa, sino también equipamiento». Este incluye, entre otras cosas, vehículos de salvamento. El consejero afirma que «eso existe y sigue funcionando» porque «si hay equipamiento, de un año para otro, sigue en propiedad y en mano de los ayuntamientos».

Insistía en que esto es «un llamamiento a la responsabilidad y al sentido común» instando a los andaluces a tomar precauciones este verano. Detallaba, además que «estamos al final» y que «tenemos el peligro de tropezar».

Tres mil vigilantes menos en las playas andaluzas

En medio de una de las peores crisis vividas hasta el momento, la Junta contrató a 3.000 vigilantes el pasado mes de junio. Estos vigilantes tenían la labor de informar a los veraneantes de la obligación de respetar las medidas sanitarias en los 1.000 kilómetros de litoral andaluz. Sin embargo, este verano, las playas se verán con la ausencia de estos auxiliares.

Bendodo explicaba el mes pasado que las personas ya saben «cómo protegerse» y que «en esta ocasión ya no son necesarios porque estamos concienciados de la gravedad del coronavirus y sabemos cómo protegernos y cumplir las normas» concluía.

La Junta anunciaba que había sufragado un gasto de 23,8 millones de euros para la contratación de estos vigilantes. Este gasto se incluía dentro de un Plan de empleo para playas seguras 2020.

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