Elena Cortés sostiene que existe «un abismo entre la familia empobrecida y la entidad bancaria».
La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, ha anunciado la puesta en marcha del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, que supondrá la apertura de una red de oficinas de atención ciudadana en las ocho provincias andaluzas que prestarán un servicio público y gratuito de prevención e intermediación, dirigido a evitar los desahucios y, en caso de que se produzcan, a ofrecer soluciones concretas a las familias afectadas.
En estas oficinas desarrollará su trabajo un equipo especialmente cualificado de licenciados en Derecho, administrativos y trabajadores sociales, que contarán además con el apoyo directivo de personal de los servicios centrales de la Consejería de Fomento y Vivienda.
Durante su comparecencia en comisión parlamentaria, Elena Cortés ha señalado que el nuevo programa constituye un «instrumento político pionero para combatir cara a cara el drama de los desahucios» en Andalucía, que han desencadenado una situación de «emergencia social» ante la que la Junta quiere romper con «la neutralidad y la indiferencia». En este sentido, ha destacado que la iniciativa es especialmente novedosa porque la Junta se sitúa desde el principio del proceso junto a la víctima, adoptando lo que en términos jurídicos se conoce como principio ‘pro consumatore’.
«Hay un abismo entre la familia empobrecida y amenazada y la entidad bancaria», ha indicado Cortés, para quien «la administración no puede permanecer en la equidistancia».
La red de oficinas, que se abrirá con «carácter de urgencia», ofrecerá un servicio público y gratuito centrado en tres áreas fundamentales, como son la prevención, la mediación y la protección de las víctimas de los desahucios. En la fase de prevención, la Consejería de Fomento y Vivienda se centrará en tareas de información y asesoramiento a los ciudadanos que se encuentran en la situación previa a la contratación de una hipoteca. «Evaluaremos la situación de la persona o de la familia que va a contratar un préstamo hipotecario y facilitaremos toda la información necesaria para que lo haga en las condiciones que mejor se adecuen a sus circunstancias particulares», ha informado Cortés.
«Los ciudadanos que acudan a nosotros recibirán, por tanto, asesoramiento no neutral, ya que la Consejería va a alentar en lo posible otros modelos de tenencia distintos a la hipoteca para toda la vida, como es el alquiler», ha informado la titular de Vivienda, aclarando que «frente a las injustas dinámicas del mercado, tomamos partida por un modelo económico, social y medioambientalmente sostenible, dado el fracaso del modelo de construcción y compraventa».
Con respecto a la segunda tarea, la Consejería de Fomento y Vivienda realizará funciones de intermediación frente a las entidades financieras, acompañando a las familias que así lo soliciten y que sufran endeudamiento sobrevenido a partir de la pérdida de su empleo, asesorándolas y garantizando las mejores condiciones posibles para la liquidación de la deuda contraída. El equipo de profesionales de la Junta prestará un triple servicio, basado en el estudio particular de la capacidad económica de cada familia, la mediación frente a la entidad financiera correspondiente, articulada a través de convenio, y la atención social, en caso de que sea necesaria.
Asimismo, la red de oficinas garantizará la protección de las familias víctimas de los desalojos con la finalidad última de aportar una solución concreta a aquellas que, tras la pérdida de su vivienda habitual, se encuentran o pueden llegar a encontrarse en riesgo de exclusión social.
«En los casos en que finalmente se produzca un desahucio, pretendemos poner al servicio de la familia las viviendas del parque público residencial, ofreciendo cuando sea posible un realojo en régimen de alquiler social», ha manifestado Elena Cortés, que ha hecho un llamamiento a la colaboración institucional, en especial de los servicios sociales de los ayuntamientos, «para que todos usemos los recursos disponibles en defensa al derecho a la vivienda».
Cortés, que ha anunciado la medida tras una prolongada ronda de contactos con entidades y colectivos sociales, ha afirmado que las oficinas estarán abiertas a los movimientos en defensa del derecho a la vivienda. «La administración se pone al servicio de las redes sociales de apoyo a las víctimas de la crisis; su participación, en la forma en que decidan sumarse, será clave teniendo en cuenta el desequilibrio entre las partes implicadas en un proceso de desahucio», ha dicho la consejera.
En paralelo, Cortés ha informado de que la Junta de Andalucía continúa explorando todas las posibilidades de modificación legal para aflorar el stock de viviendas vacías. En esta línea, ha declarado que «la creación de un banco malo, que implica la socialización de la deuda privada y el mantenimiento artificial de la carestía de la vivienda, supone remar exactamente en la dirección contraria a la que dicta el interés de una mayoría cada vez más empobrecida».
El Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda se incorpora al conjunto de iniciativas que desde el principio de esta legislatura ha puesto en marcha la Consejería de Fomento y Vivienda, entre las que destacan la paralización de los desahucios en las viviendas de parque público andaluz en casos de sobreendeudamiento y en familias con menores y dependientes, o la reclamación a los bancos para que entreguen al registro municipal de demandantes las viviendas protegidas embargadas con objeto de que sean reasignadas bajo criterios sociales.
A esto se suma el apoyo otorgado por la consejera Elena Cortés a la iniciativa legislativa popular que pretende que el Congreso apruebe la dación en pago que paralice los desahucios y promueva el alquiler social. En paralelo a estas medidas específicas dirigidas a paralizar los desahucios, la Junta de Andalucía ha priorizado en su política de vivienda la rehabilitación y el alquiler.