El portavoz del Gobierno autonómico sitúa la solicitud de Andalucía en la «relación normal» entre administraciones y aboga por definir las «condiciones claras» para acogerse al FLA.
La Junta de Andalucía confía en obtener una «respuesta positiva» del Gobierno central ante la petición de un anticipo de 1.000 millones de euros a cuenta de los ingresos fiscales de la comunidad autónoma.
Durante su comparecencia tras el Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo andaluz, Miguel Ángel Vázquez, ha confiado en que se dispense a Andalucía un «trato equitativo», dado que el anticipo requerido se sitúa dentro de la «relación normal» entre administraciones y surge ante la «dificultad» para encontrar en los mercados financieros apoyo a la deuda de la Junta.
En este sentido, Vázquez ha subrayado que se trata de una situación «muy cotidiana» entre administraciones, y ha recordado que la propia Junta de Andalucía concede «con normalidad» anticipos a las corporaciones locales cuando surgen necesidades de liquidez y es necesario «liberar a la tesorería».
Vázquez ha apuntado que también otras comunidades autónomas han formulado esta petición y que, de hecho, Andalucía es una de las que menos fondos en anticipos han recibido este año con cargo a 2010.
«El objetivo es -según el portavoz- hacer frente a obligaciones pago de la Administración, atender a los proveedores y dar respuesta a compromisos presupuestarios ya contraídos». De hecho, ha precisado que son las propias comunidades autónomas las garantes y prestadoras de los servicios públicos, por lo que estos 1.000 millones podrían revertir en «afrontar pagos a las empresas, inyectar dinero y reactivar la economía andaluza».
Por otro lado, el portavoz de la Junta ha incidido en que la petición de este anticipo se produce a la espera de que el Gobierno defina las características por las que las autonomías podrán acogerse al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). En esta línea, ha expresado su confianza en que el Ejecutivo responda «con celeridad» a ambos aspectos, y ha abogado por que, en el caso del FLA, se establezcan «condiciones claras» que permitan a las comunidades acudir en virtud de sus necesidades y sin una «urgencia desaforada» que perjudica a la «buena imagen de España en el exterior».
«No puede ser una carrera para ver quién llega el primero a coger el dinero», ha indicado Miguel Vázquez, que ha reclamado un fondo de liquidez que tenga «regulación, equidad y una respuesta inmediata para el conjunto de las autonomías».
Tan solo cuando el Ministerio de Hacienda regule estas características, ha señalado el portavoz, el Consejo de Gobierno decidirá si recurre al Fondo de Liquidez Autonómica «dependiendo de las condiciones que se establezcan».
Finalmente, ha resaltado que Andalucía es una de las comunidades que presenta mejores cifras en el territorio nacional en relación a su deuda por habitante, y ha destacado su compromiso para cumplir el objetivo de estabilidad y de control del déficit público.
Comienzo del curso escolar
Mientras tanto, el Gobierno andaluz mantendrá este curso el 100% de su oferta educativa, las becas, los precios públicos y las bonificaciones a las familias, con la inversión en profesorado y el apoyo al alumnado y a las familias como prioridades básicas. Así lo ha destacado la consejera de Educación, Mar Moreno, en su informe al Consejo de Gobierno sobre el inicio del curso escolar 2012/13, que arrancará el próximo día 10 en Infantil, Primaria y Educación Especial y el 17 en Secundaria y el resto de enseñanzas.
Moreno ha subrayado que, pese a los recortes impuestos por el Gobierno central y al contexto de dificultad económica, la Junta de Andalucía ha centrado su esfuerzo en preservar los puestos docentes y en reducir el impacto de las medidas exigidas por el Ministerio de Educación, entre ellas el aumento del horario lectivo del profesorado.
Asimismo, el Gobierno andaluz mantiene la ratio de alumnos por aula (pese a que la normativa estatal permitía un incremento de hasta el 20%) y evita de este modo cuatro de cada diez despidos ocasionados por el Real Decreto-Ley. Esta decisión ha permitido preservar 3.500 empleos. La consejera de Educación, quien ha reiterado que «la equidad es un componente irrenunciable del sistema educativo andaluz», valora el esfuerzo que realizarán los docentes este curso escolar.
Las medidas de apoyo a las familias son otra de las prioridades de este curso escolar, en el que más de 900.000 estudiantes de 6 a 16 años se seguirán beneficiando de la gratuidad de los libros de texto. Este programa se suma a otras iniciativas como el mantenimiento de los precios públicos de los servicios complementarios –comedor, aula matinal y actividades extraescolares– y de las escuelas infantiles, así como de las bonificaciones a las familias con menos recursos económicos.
La Junta mantiene además ayudas al estudio de los jóvenes andaluces como la Beca 6000 o la Beca Segunda Oportunidad. En esta ocasión, no obstante, los criterios de concesión de esta última se flexibilizan –no será necesario ser parado de larga duración ni tener hijos a cargo– para garantizar la concesión de 3.000 incentivos. El Programa Andalucía Segunda Oportunidad, que la Junta desarrolla desde septiembre de 2011, tiene como fines facilitar la reanudación de los estudios a jóvenes desempleados, impulsar los estudios de idiomas y ampliar las modalidades de mejora de la cualificación, entre otros.
Mar Moreno ha subrayado que «no hay ni una plaza menos en Idiomas, Enseñanzas Artísticas o Educación Permanente, ni un ciclo formativo menos, y se mantienen los programas de apoyo y refuerzo al alumnado, con el objetivo prioritario de mejorar los rendimientos educativos y avanzar en materia de fracaso y abandono escolar».
Finalmente, la titular de Educación ha insistido en que no se amplían los conciertos educativos y que el peso de la escuela pública sigue representando el 80 % frente al 20 de la concertada. En este sentido, Moreno ha señalado que el Gobierno andaluz «está intentado ahorrar sin afectar a los pilares del sistema».