Martínez Aguayo califica de «desleales» las cuentas públicas estatales al no respetar que la inversión se fije por el peso poblacional, como recoge el Estatuto de Autonomía.
La consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, ha asegurado hoy que el reparto del ajuste de déficit en España es «lesivo para las comunidades autónomas e injusto para Andalucía», y que está «poniendo en riesgo los principios constitucionales que inspiran la financiación de las autonomías». Por ello, ha anunciado que el Gobierno andaluz planteará iniciativas para evitar que se perpetúe un sistema que produce «efectos perversos» para la comunidad.
En un debate general en el pleno del Parlamento, Martínez Aguayo ha reiterado que Andalucía va a cumplir con sus compromisos, aunque mantiene su desacuerdo tanto con la distribución del déficit entre el Estado y las comunidades autónomas, como con el reparto de cargas entre éstas.
Durante su intervención, la consejera de Hacienda ha criticado que se exija al Estado la reducción de una tercera parte de su déficit, pese a ser mayor que el de las comunidades autónomas (54.000 millones de euros), mientras que éstas, con 32.000 millones de déficit en su conjunto, tendrán que rebajarlo más del 50%, con lo que «el ajuste más fuerte recaerá precisamente en las instituciones que son responsables de los servicios públicos básicos».
En concreto, el ajuste que se exige a las comunidades de régimen común supone un esfuerzo total de 17.064 millones. De esa cifra, la cuantía del déficit que se le asigna a cada comunidad se establece en relación con su participación en el Producto Interior Bruto (PIB) nacional, «lo cual es contradictorio con el sistema de financiación autonómico, basado en el principio de población», ha precisado Martínez Aguayo.
En este sentido, la consejera ha subrayado que el techo de déficit para 2012 que se fija para Andalucía es de 2.181 millones de endeudamiento, «cuando nuestro porcentaje de población nos daría derecho a más de 2.800 millones de euros». Esta fórmula de aplicar al techo de déficit la medida del PIB de cada comunidad da lugar a «agravios ciertamente relevantes», como que Cataluña, con una deuda en 2011 de 48.146 millones y un déficit de 7.418 millones, pueda endeudarse para 2012 en casi 3.000 millones, teniendo en cuenta los actuales objetivos de estabilidad; o que Madrid, con una deuda de 17.125 millones y un déficit de 4.231 millones en 2011, pueda llegar a los 2.835 millones de endeudamiento. Sin embargo, a Andalucía, con una deuda de 15.028 millones -por debajo de la media- y un déficit de 4.718 millones en 2011 -cerca de 3.000 millones menos que Cataluña-, solo se le permite endeudarse en 2.181 millones, es decir, 1.000 millones menos que Cataluña y 654 menos que Madrid.
En opinión de la consejera de Hacienda, «no se entiende que se dé más capacidad para endeudarse a quien tiene más endeudamiento y más déficit», y que las comunidades con más PIB tengan más capacidad de endeudamiento «independientemente de los servicios que presten y a cuántos ciudadanos atiendan».
Por todo ello, ha anunciado que el Gobierno andaluz planteará iniciativas políticas y jurídicas para que en los presupuestos de 2013 el techo del déficit asignado a las comunidades se marque por población y no por el PIB, «en función de los criterios del modelo de financiación, que se basa fundamentalmente en la población», de forma que no se perpetúe un sistema «que produce efectos perversos y que sacrifica el derecho constitucional de todos los españoles a ser iguales y contar con los mismos servicios vivan donde vivan».
Respecto a los Presupuestos Generales del Estado para 2012, actualmente en tramitación en las Cortes Generales, la consejera ha afirmado que son «injustos» y «desleales» con Andalucía puesto que no respetan el porcentaje de inversión del 17,8%, en función de su peso poblacional en el conjunto de la nación, previsto por la Disposición Adicional Tercera del Estatuto de Autonomía. Junto a ello, ha advertido de que habrá un importante recorte en otros fondos, como el Fondo de Compensación Interterritorial (38 millones de euros menos), la paralización de la Ley de Dependencia (140 millones), la minoración de transferencias finalistas (619 millones), o la aplicación obligatoria de la jornada de 37,5 horas semanales en las administraciones públicas (777 millones), junto a otros recortes en ámbitos como la sanidad y la educación.
Rechazo del Parlamento a los Presupuestos Generales
El Parlamento de Andalucía ha aprobado hoy un total de sesenta resoluciones de las noventa propuestas por los Grupos parlamentarios como consecuencia del debate general sobre la incidencia de los Presupuestos Generales del Estado en Andalucía. Se han aprobado veintiséis de las veintisiete presentadas por el Grupo Socialista, treinta de las treinta y una del Grupo IULV-CA y cuatro de las treinta y dos del Grupo Popular. De las propuestas aprobadas por el Pleno de la Cámara autonómica se extrae el rechazo del Parlamento al Proyecto de Ley de Presupuestos remitido por el Gobierno de la Nación a las Cortes Generales.
La segunda jornada de la primera Sesión Plenaria de la IX Legislatura se ha dedicado íntegramente al mencionado debate general.
El portavoz del Grupo Popular, Carlos Rojas, criticó en su intervención que el «bipartito» utilice para la confrontación unos presupuestos que son «buenos para Andalucía». Rojas se refirió también a que su grupo busca la «unidad» y que había otra forma de hacer política en lugar del «tijeretazo» de la Junta.
Por su parte, Mario Jiménez, portavoz del Grupo Socialista, aseguró que el coste de los ajustes que se están llevando a cabo sería menor si los presupuestos se hubieran presentado en tiempo y forma. Jiménez aludió además a la campaña de «acoso y derribo» del Gobierno central con Andalucía.
El diputado del Grupo IULV-CA, Ignacio García, destacó que estos presupuestos están marcados por la ideología «ultraconservadora» del Partido Popular y suponen «un ataque en toda regla» al modelo autonómico.