Estas cifras procedentes de la Agencia IDEA “se han manejado sin control”.
El coordinador del Área Económica del PP andaluz, Rafael Carmona, ha denunciado hoy que, del volumen total que manejó Invercaria cifrado en 65 millones de euros, «en torno a 50 millones quedaron fuera de cualquier norma que calculase el procedimiento sobre cómo invertir el dinero público». El dirigente popular ha asegurado que, estas cifras, que provenían de las arcas de la Agencia IDEA, «se han manejado libremente».
El PP ya avanzó la pasada semana que la empresa pública Inversión y Gestión de Capital Riesgo de Andalucía SAU (Invercaria) se gestionó como un segundo fondo de reptiles y con idéntico procedimiento al utilizado en el escándalo de los expedientes de regulación de empleo que actualmente investiga la Justicia.
En rueda de prensa, Rafael Carmona ha destacado que, entre los años 2005 y 2010, «Invercaria ha estado opaca al control de la Administración Pública», porque «no ha estado sujeta ni a control público ni financiero». Ante la incógnita sobre los destinatarios de estos fondos, Carmona ha incidido en que «han ido a los amigos del PSOE» porque «se han dedicado a repartir fondos sin control a los cercanos al PSOE».
El dirigente popular ha avanzado que estos 50 millones de euros se invertían «en préstamos participativos que nunca se recuperaron», y en los programas «Atalantis, Melkart, Caya y Campus», de los cuáles únicamente el procedimiento de este último «se ajustaba a la Ley de Incentivos».
Asimismo, Carmona ha recordado las palabras de la consejera de Presidencia, Mar Moreno, quién dijo sentirse orgullosa de la actividad de Invercaria, empresa de la que el dirigente popular ha aventurado que «se hablará mucho en el futuro». Para el coordinador del PP, «el procedimiento que se ha seguido es igual al de los ERE: buscar un instrumento público, dotarlo de fondos y otorgarlos discrecionalmente».
Por ello, ha recordado a Moreno la necesidad de «leer el informe de la Cámara de Cuentas», el cual «adelanta que no se estaba cumpliendo con lo que se marcaba e incide en que «faltaba publicidad en el procedimiento y existía discrecionalidad a la hora de otorgarlos».
De otro lado, y en referencia al escándalo de los ERE fraudulentos, Rafael Carmona ha señalado que «ahora la Junta solicita a las personas que pidieron las ayudas que digan por qué las pidieron», cuando «lo normal sería solicitarlo antes de conceder cualquier ayuda». Para los socialistas, «todo es legal hasta que no puedan defenderlo», ha concluido.