El órgano coordinará las medidas destinadas a atender y reparar el daño a este colectivo.
El consejero de Gobernación y Justicia, Francisco Menacho, ha presidido en Sevilla la constitución del Consejo de Ayuda a las Víctimas del Terrorismo en Andalucía, aprobado por decreto del Consejo de Gobierno de 2 de noviembre de 2011. Este órgano se encargará entre otras funciones de facilitar a las víctimas y personas afectadas el acceso a las ayudas públicas; fomentar el apoyo de la sociedad y de las administraciones; promover medidas adicionales de resarcimiento, y propiciar el óptimo desarrollo de la Ley 10/2010 de Atención a las víctimas del terrorismo en Andalucía.
Se trata de una ley denominada residual en términos jurídicos, es decir, complementaria, porque es el Estado el que tiene la potestad de conceder en todos los casos el estatus de víctima previamente.
Para el consejero, la puesta en marcha de este órgano es fundamental, con el fin de coordinar las medidas destinadas a reparar y aliviar los daños sufridos por las personas que hayan sido víctimas de la acción terrorista. En este sentido, ha destacado las ayudas que está tramitando su departamento por importe de algo más de cuatro millones de euros y que van destinadas a completar las indemnizaciones por daños físicos y psíquicos que concede el Estado.
También ha indicado que la Consejería de Gobernación y Justicia está elaborando el reglamento que desarrollará la Ley de Atención a las Víctimas del Terrorismo, que estará terminado en enero de 2012 y en el que se tendrán en cuenta las propuestas de las nueve consejerías competentes en las ayudas y medidas previstas en la citada Ley.
El Consejo de Ayuda a las Víctimas del Terrorismo en Andalucía cuenta con una presidencia y una vicepresidencia, que corresponden al consejero y viceconsejero de Gobernación y Justicia respectivamente. Además, está integrado por representantes, con rango al menos de director general, de las consejerías competentes en materia de asistencia directa a las víctimas, hacienda, educación, universidades, vivienda, empleo, salud e igualdad y bienestar social.