Sólo Sevilla lo ha hecho. Según recuerda la formación, el retraso supera ya los diez años. Los populares ven una “pasividad” en las actuaciones del Ejecutivo andaluz.
La portavoz de Vivienda del Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía, Alicia Martínez, ha denunciado la pasividad del Gobierno socialista de José Antonio Griñán ante la subida del paro y de las hipotecas en el sector de la construcción, al mismo tiempo que acusó a la Junta de Andalucía de paralizar proyectos generadores de empleo como desarrollos urbanísticos residenciales, industriales o comerciales y terciarios, dinamizadores de la economía, que llevan años esperando para ser aprobados.
Martínez aseguró que, en términos de empleo, en Andalucía se destruyeron desde el año 2008 un total de 371.000 empleos, de los que más de dos tercios provienen del sector de la construcción, lo que significa que se han destruido 250.000 empleos en este sector.
Asimismo, quiso recordar que el presidente de la Junta de Andalucía se refirió a este asunto en el debate del Estado de la Comunidad, así como a las medidas de impulso que se habían adoptado y que, en su opinión y a tenor de los resultados, Martínez ha calificado de auténtico «fracaso».
«No han sabido adaptar el marco legal y tomar las medidas necesarias para salir de la crisis. El marco legal del Urbanismo en Andalucía es la LOUA 2002 (Ley de Ordenación urbanística de Andalucía), que tendría que haberse adaptado y modificado al haber entrado en vigor una Ley del Suelo Estatal en 2007, aunque, sin embargo, cuatro años más tarde, aún no se ha hecho y se demuestra que esta Ley que obligaba a los Ayuntamientos a hacer los PGOU, ha resultado ser lenta y farragosa para la situación actual», señaló.
En este sentido, recordó que la LOUA obligaba a que todos los municipios tuvieran un Plan General de Ordenación Urbana como norma marco urbanística, y fijó el plazo de enero de 2007 para que los ayuntamientos se dotaran de esta herramienta. Ante el incumplimiento, aprobó un decreto en 2008, para simplificar y habilitar una vía rápida, las Adaptaciones Parciales, para dotar a los municipios de PGOU.
Martínez afirmó que, casi diez años más tarde, sólo Sevilla ha conseguido que la Junta dé su aprobación definitiva del PGOU en 2006, mientras que el resto de capitales andaluzas está todavía pendiente de su aprobación.
De este modo, indicó que Almería lleva siete años tramitando el PGOU, al igual que Cádiz y que no lo tendrá aprobado en el 2012. En el caso de Córdoba, está pendiente del Decreto de Regularización de Viviendas para dar respuesta a lo que ya el PGOU 2001 elaboró: un censo de urbanizaciones ilegales. Granada lleva cuatro años desde que en 2007 acordara iniciar la adaptación parcial y en la actualidad está pendiente del sí definitivo de la Junta y de los informes sectoriales. Huelva ha tramitado conforme a la Ley modificaciones puntuales como Ensanche Sur e Isla Chica, con la oposición de la Junta. En Jaén, será la tercera vez que el consistorio intenta aprobar un documento tras anularse los de los dos anteriores gobiernos y Málaga, todavía está pendiente de publicar la aprobación definitiva del PGOU y continúa peleando proyectos como la regularización de viviendas de Pedregalejo, El Palo y Araña y el desarrollo por encima de la ronda de circunvalación.
«Ante esta situación y con este telón de fondo, la Consejería no hace nada de lo que promete. Ni reforma la LOUA, ni aprueba el DECRETO para las urbanizaciones irregulares que prometió antes de las Elecciones Municipales y además del paro de la Construcción, suben las hipotecas», incidió.
Martínez aseveró que el Gobierno socialista ha eliminado las ayudas a la vivienda protegida, algo que, según afirmó, ha sido un «recortazo en toda regla». «Han suprimido las ayudas a la entrada para la compra de vivienda, las ayudas al alquiler y las ayudas a la rehabilitación autonómica», apuntó.
Asimismo, agregó que el año 2010 ha sido “el peor año” en entrega de VPO de la serie histórica, ya que “sólo se han entregado 6.023 VPO a los andaluces, frente a las 30.000 al año prometidas en el Pacto por la Vivienda”.
La popular incidió en que esta situación pone de manifiesto “cómo el PSOE engaña a los ciudadanos con leyes como la Ley del Derecho a la Vivienda” y aseguró que “frente a esto, el Partido Popular propone un cambio en la Ley del Suelo de Andalucía para poner los planes urbanísticos al servicio de la sociedad, para repartir mejor un recurso que es de todos, que es el suelo público y para activar un sector como es el residencial, turístico y de la construcción que es fundamental para la generación de empleo en nuestra tierra, sin llegar nunca a los excesos permitidos por los gobiernos socialistas, que han sido el caldo de cultivo de urbanizaciones irregulares, además de corrupciones urbanísticas en ayuntamientos».