La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla que investiga la trama de los ERE defiende sus competencias para investigar las actas del Consejo de Gobierno.
La juez Mercedes Alaya, que investiga la trama de presuntas irregularidades en numerosas prejubilaciones tramitadas por la Junta de Andalucía, ha elevado al Tribunal Supremo, en concreto al Tribunal de Conflictos Jurisdiccionales, el conflicto de competencias ocasionado en torno a las actas del Consejo de Gobierno de la Junta de la última década.
De esta forma, la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla dice que las actas, custodiadas en sede judicial, están a disposición de la Administración autonómica después de que así lo decidiera en un auto la Audiencia Provincial. Por ello, dice Alaya, no es necesario señalar fecha alguna para la retirada de los sobres».
En este sentido, la juez insiste en que lo que entregó la Junta “no fueron las actas, sino testimonio o copia compulsada de las mismas, sin documentos por tener los mismos carácter reservado, y sin las deliberaciones o votaciones por tener las mismas carácter secretos», testimonios que «fueron remitidos en sobres lacrados y precintados y que, como bien sabe» la Junta, «no son custodiados por este Juzgado, sino en la dependencia habilitada por el Decanato cumpliendo las exigencias de seguridad requeridas» por la propia representación de la Junta.
«Por consiguiente, este Juzgado no tiene que señalar fecha alguna para la retirada de los sobres, pues están a su disposición desde la notificación del auto de la Audiencia Provincial que ha levantado la referida medida cautelar, sin perjuicio de que cuando se personen para efectuar dicha retirada, se realice la correspondiente acta una vez que por el decano o el secretario de este Juzgado se facilite la llave de la caja de seguridad donde se encuentran depositados», dice la providencia.
Con todo, Alaya insiste en que es materia de su competencia y defiende que «la improcedencia del conflicto de jurisdicción estriba sencillamente en su carencia de objeto», pues «lo cierto es que lo que se ha requerido a la Junta carece del carácter secreto o reservado de conformidad con los artículos 30 y 31 de la Ley del Gobierno de la Comunidad».
Alaya ve “tráfico de influencias” en los ERE de Camas
Mientras tanto, este viernes se ha conocido también que Alaya atribuye a Juan Manuel López Espada, José Acevedo y José Antonio García Prieto, los vecinos de Camas que se beneficiaron de pólizas de seguro de rentas supuestamente ilegales, delitos de tráfico de influencias y prevaricación “en su condición de extraneus”.
Cabe recordarse que los tres se han acogido a su derecho a no declarar y se ratifican en sus declaraciones ya realizadas ante la Policía Judicial.