Oña exige que se investigue las presuntas irregularidades en el ERE de Morón en el que aparecen cargos afines al PSOE de Alcalá. El sindicato USO ya denunció la situación en diciembre tras detectar una treintena de intrusos en el mismo.
La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Esperanza Oña, exigió hoy a la Junta de Andalucía que investigue las presuntas irregularidades en el ERE aprobado de la base aérea de Morón de la Frontera, en el que aparecen dos cargos del PSOE de Alcalá de Guadaíra, refiriéndose al teniente de alcalde y vicesecretario de Organización, Francisco García, y al presidente local de los socialistas alcalareños, Bernabé Gámez, así como a un hermano de cada uno de ellos.
Precisamente, el sindicato USO ya denunció el pasado mes de diciembre la paralización de varias semanas en la tramitación del ERE tras detectarse una 30 de irregularidades, como informó Sevilla Actualidad.
Así de rotunda se mostró la portavoz del GPP durante una rueda de prensa en el Parlamento, en la que estuvo acompañada por la candidata del PP en Alcalá de Guadaíra, María del Carmen Rodríguez Hornillo, y en la que especificó que las cuatro personas citadas anteriormente no pertenecen a la lista de los «31 intrusos» denunciados por el sindicato USO y que fueron excluidos del expediente de regulación de empleo de la base aérea de la localidad sevillana de Morón de la Frontera.
Según declaró Oña a los medios de comunicación, «casualmente» el teniente alcalde de los socialistas alcalareños, Francisco García, «pocos meses» antes de la aprobación del ERE solicitó la excedencia temporal de la que gozaba en dedicación exclusiva en el Ayuntamiento para incorporarse a la empresa de mantenimiento de la base de Morón, mientras que su hermano, que a juicio de la dirigente popular «curiosamente cuando ya estaba prejubilado, oye que el río suena y vuelve también a incorporarse a la empresa».
Asimismo, la diputada del PP andaluz explicó que el 24 de noviembre de 2010, fecha en la que la empresa envía a la Delegación de Empleo de la Junta documentación en relación al ERE, se incluyen cuatro anexos, los números 1, 2, 4 y 5, mientras que el número 3 «no existía». Sin embargo, el anexo número 3, según precisó Oña, se ocultó «deliberadamente», ya que en él aparecen un grupo de nombres de personas para acogerse al ERE, entre los que se encuentran los dos cargos socialistas del PSOE de Alcalá y el hermano de uno de éstos.
Además, Oña informó de que el 2 de diciembre de 2010 la Inspección de Trabajo advirtió a la Junta de que no debía parar el ERE y ponerlo en conocimiento de la Justicia, «sin bien la Junta no lo hizo y lo aprobó diez días después con una lista que consta de 31 personas menos y sin remitir las irregularidades detectadas a la Justicia», detalló.
Por todo esto, Esperanza Oña, exigió a la Junta de Andalucía que investigue las irregularidades detectadas, al tiempo que preguntó al alcalde de Alcalá de Guadaíra, Antonio Gutiérrez Limones, por qué y qué trato en la reunión que mantuvo con el Ministerio de Defensa y con la empresa para tratar del ERE.
Por su parte, Mª Carmen Rodríguez Hornillo reclamó a Gutiérrez Limones una explicación por su reunión, el día 3 de noviembre, con el Ministerio de Defensa y “hasta donde ha llegado en este asunto”, además de preguntarse “por qué, al igual que intercedió en un principio, no lo hizo para denunciar el ERE una vez que se detectaron los 31 casos irregulares”.