Unión Sindical Obrera (USO) ha criticado hoy que el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra no atiende a los problemas que presenta el parque de bomberos de la localidad y denuncia que los equipos de protección son del año 2003 y 2004. Además solicitan una investigación para dirimir responsabilidades.
Para USO la Delegación de Gobernación del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, en manos de la edil socialista Gutiérrez Peral, “parece ajena la gravísima problemática en materia de gestión directa del Servicio de Bomberos”.
Denuncian que “desde 2012 vienen solicitando una adecuada gestión de los riesgos a los que se exponen los bomberos alcalareños, siendo ratificada por la Inspección de Trabajo, con el resultado de requerir la aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, incumplida en el Cuerpo de Bomberos”.
Los bomberos denuncian que “tras las quejas durante 2012 y 2013 se han repuesto equipos de protección individual fabricados en 2003 y 2004, cuando la normativa de aplicación actualizada es de octubre de 2006”.
La justificación del equipo de gobierno, según USO, para no realizar la reposición es que “actualmente tenemos en proceso la contratación del suministro de estas prendas. Próximamente nos pondremos en contacto con usted cuando tengamos las existencias en el almacén provincial del COEPS”.
“Fuentes anónimas han proporcionado una documentación concluyente sobre un correo electrónico fechado el 14 de febrero de 2012”, advierte USO, “firmado textualmente como Jefe del SPEIS de Alcalá, dirigido a 26 correos electrónicos, identificados sus destinatarios como titulares y suplentes de las pruebas de selección a Bomberos Voluntarios de Mairena del Alcor y Viso del Alcor en el que se les solicita textualmente: necesito que me enviéis urgentemente un mail en el que me pongáis la relación de todo el material que se os haya entregado (para ver que falta”.
Según USO, “esto no hace más que confirmar las denuncias realizadas por las sección sindical sobre la nefasta e incompetente gestión del Servicio de Bomberos en materia de prevención de riesgos laborales y de la población afectada”.
USO pide “abrir un proceso de investigación política y profesional para depurar responsabilidades , mientras que lamentan que el consistorio alcalareño oculte la realidad incumpliendo los derecho a la prevención de riesgos laborales”.