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La ex consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, Magdalena Álvarez, se ha vuelto a presentar esta mañana en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla donde la juez Mercedes Alaya le ha tomado declaración por segunda vez.

Por espacio de una hora, la también ex ministra de Fomento con José Luis Rodríguez Zapatero ha insistido en defender su gestión al frente de la cartera de Economía y Hacienda afirmando que las transferencias de financiación, la partida 31.L –el llamado ‘fondo de reptiles’- “la incluye la Consejería de Empleo en su anteproyecto de Presupuesto”.

Por lo demás, la ex consejera no ha querido hacer “ninguna ampliación” a su primera declaración, añadiendo que “no se me ha imputado ningún hecho nuevo ni nuevo elemento probatorio”.

La juez Mercedes Alaya le ha preguntado no obstante por su potestad subvecionadora en el IFA y también por las competencias de Empleo para elaborar el anteproyecto de Presupuestos. “Es competencia del departamento”, ha confirmado Álvarez, pero “no interviene para nada en dicho departamento”.

Es la segunda vez que la ex consejera y ex ministra Magdalena Álvarez comparece ante la juez que instruye el caso de los ERE fraudulentos en Andalucía y se produce después de que la Audiencia Provincia de Sevilla anulara parcialmente el auto de 28 de junio por el que se declaraba su imputación. La Audiencia pedía a Alaya que concretara y precisara los hechos que le atribuye a Magdalena Álvarez.

Es así que la juez ha citado de nuevo a la ex consejera de Economía «a fin de colmar la exigencia de su derecho de defensa» y «por si quisiera ampliar algún extremo de su declaración», todo ello después de que, en su primera comparecencia, la imputada asegurara que «nunca» conoció los reparos que realizó la Intervención General de la Junta a la forma en que se estaban dando las ayudas.

La magistrada ha dicho que, el pasado 8 de octubre, ya leyó «detenidamente» a la ex consejera su imputación, basada en «su ilícita intervención en los hechos y los pasos que dio en connivencia con otros para instaurar el ilegítimo sistema de las transferencias de financiación para la concesión de subvenciones sociolaborales» por la Consejería de Empleo, primero «a través de las modificaciones presupuestarias y luego a través de la inclusión del sistema en las sucesivas leyes de presupuestos».

Alaya también ha aludido a la posible participación de aforados en los hechos, en respuesta al auto de la Audiencia Provincial de Sevilla, donde este tribunal le advertía de que «podría haberse alcanzado el límite máximo de instrucción por el juez ordinario antes de elevarse la causa al juez competente en las causas por aforamiento».

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