El proceso se iniciará contra la delegada María José Borge, que ya está imputada por otro delito de prevaricación al contratar de forma irregular a un cargo de confianza.
El Ministerio Fiscal ha presentado en el Juzgado de Instrucción número uno de Alcalá de Guadaíra las diligencias de investigación criminal contra la delegada María José Borge Montero por una pretendida comisión de delito contra la Administración – prevaricación de funcionario o autoridad- para la incoación de las correspondientes diligencias en depuración de las responsabilidades de orden penal a que hubiere lugar.
El origen de esta actuación del Ministerio Fiscal está en sendos escritos presentados por la sección sindical de CC.OO. del Ayuntamiento ante la Fiscalía de Sevilla el pasado 4 de marzo, y donde al amparo de lo previsto en el art. 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se ponían en su conocimiento la privatización y contratación del servicio bibliotecario.
Según informa el propio sindicato en nota de prensa, la pena prevenida por el art. 404 del Código Penal para “la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto público se castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años”.
Cabe recordarse que María José Borge Montero acudió a las listas electorales encontrándose imputada por otro delito de prevaricación y por la que los grupos políticos de la oposición pidieron su dimisión. En este caso, la denuncia consistió en una contratación de un cargo de confianza para dirigir la delegación de deportes, y cuyo procedimiento sigue actualmente a la espera de juicio en la Audiencia Provincial de Sevilla.