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Asaja, en colaboración con las organizaciones agrarias COAG, UPA y Cooperativas Agroalimentarias a nivel nacional, ha convocado a los agricultores y ganaderos andaluces a participar en manifestaciones el próximo 14 de febrero. Estas protestas incluirán cortes de la AP-4 y la N-IV a la salida de Los Palacios, para exigir un «ambicioso plan de choque para el sector y un cambio de rumbo en las políticas agrarias de la Unión Europea».
Revisión del Pacto Verde Europeo
ASAJA-Andalucía, junto con otras organizaciones agrarias y cooperativas, destaca la necesidad de revisar el Pacto Verde europeo, que impone restricciones a la producción agrícola y ataca el consumo de carne. La protesta se centra en defender un modelo que priorice la alimentación y la sostenibilidad económica de los agricultores.
Además, se solicita la revisión de los acuerdos comerciales, el aumento de medidas de control en frontera y la inclusión de cláusulas de reciprocidad para las producciones de terceros países. Asimismo, se hace un llamado a salvaguardar la Política Agrícola Común (PAC) y fortalecer su presupuesto.
Plan de choque
Paralelamente, Asaja y otras entidades instan al Gobierno de España a presentar de manera urgente un plan de choque que incluya la revisión del plan estratégico de la PAC nacional, la simplificación administrativa para los agricultores y ganaderos, y la reducción de la burocracia.
Destacan la apuesta por el regadío, rechazando su criminalización y demandando su modernización, así como la optimización de los recursos hídricos y el aumento de la capacidad de embalse. Además, se pide cambios en la normativa fiscal y laboral para el campo, junto con compensaciones en la seguridad social ante la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
Además del plan de choque, los agricultores y ganaderos demandan una partida presupuestaria de 1500 millones de euros para diferentes sectores y cultivos, destinada a implementar medidas de apoyo frente a la sequía y el aumento de costos. Finalmente, el sector exige el cumplimiento de la ley de la cadena alimentaria y el cese de la campaña de desprestigio hacia la profesión agraria por parte de las autoridades y el Gobierno.