La organización de consumidores Facua ha elevado al Defensor del Pueblo una queja por la actitud del Ayuntamiento, que desde 2008 no da respuesta a las denuncias.
La organización de consumidores Facua Sevilla se ha dirigido al Defensor del Pueblo Andaluz para denunciar la actitud de la Delegación de Salud y Consumo del Ayuntamiento de la capital, que se niega a dar respuesta a las reclamaciones planteadas por la entidad tras detectar irregularidades en cientos de establecimientos.
Según recuerda Facua en un comunicado, Salud y Consumo acumula cerca de 500 denuncias presentadas por los consumidores desde 2008 por la vulneración de distintas normas relacionadas con sus derechos. “Ninguna ha recibido repuesta, por lo que la asociación desconoce si dieron lugar a inspecciones sobre la totalidad o una parte de las cuestiones expuestas en las mismas o fueron archivadas o trasladadas a otros organismos del propio Ayuntamiento o de la Junta de Andalucía”, afirma.
Para Facua, “es una incógnita si la Delegación de Salud y Consumo cumple con sus obligaciones inspectoras cuando recibe las denuncias y si aplica sanciones a los comercios que incumplen la legislación vigente”.
Se trata de 471 reclamaciones planteadas por la organización de consumidores en poco más de dos años, contra 201 establecimientos ubicados en mercados de abastos presentadas en septiembre de 2008, 72 bares y cafeterías en diciembre de 2008, 61 establecimientos ambulantes y 7 casetas municipales de la Feria de Abril de 2009, otros 52 ambulantes y 7 casetas del Ayuntamiento de la Feria de 2010 y contra 71 bares y cafeterías formuladas en noviembre y diciembre de 2010.
Las denuncias se vienen produciendo por irregularidades en la conservación de alimentos perecederos, incumplimientos de la normativa que regula el etiquetado alimentario, falta de listas de precios, carencias en materia de higiene, incumplimientos de la Ley del tabaco, ausencia de carteles que informen de la existencia de hojas de reclamaciones o la licencia de actividad, entre otros motivos.
Precedente a nivel autonómico
Recientemente, el Defensor del Pueblo Andaluz ha emitido una resolución a raíz de denuncias similares planteadas por Facua Andalucía, esta vez contra la Dirección General de Consumo de la Consejería de Salud.
El organismo competente en protección a los consumidores de la Junta de Andalucía viene ocultando y negándose a informar a la organización de consumidores sobre las medidas que lleva a cabo tras sus denuncias de oficio, en muchos casos por fraudes masivos que sufren los consumidores, se queja Facua.
La Dirección General de Consumo argumentó al Defensor que «ni siquiera la denuncia vincula a la Administración a efectos de quedar obligada, a instancia de parte, a la incoación de expediente sancionador» y que de hacerlo, no tiene por qué considerar a Facua parte interesada en el procedimiento, aunque sea la propia denunciante.
Tras estudiar la cuestión, el Defensor emitió una resolución el pasado diciembre en la que advierte a Consumo que «es evidente que no puede quedar a la mera voluntad de la Administración la realización u omisión a su arbitrio de las actuaciones tendentes a hacer cumplir la legalidad vigente, dejando impunes los hechos que la infrinjan, cuando alguien a quien la norma legitima para denunciar los mismos, se haya preocupado en comunicarlos a quien debe sancionarlos, de resultar procedente».
Así, indica que «la competencia que ostenta la Administración lo es exclusivamente para incoar el procedimiento sancionador (…) sin que ello la legitime para decidir, arbitrariamente, ignorar el contenido de la denuncia y sustraerse a su obligación de reprimir las actuaciones infractoras». Hacerlo infringe «el principio de legalidad» al que está vinculada la Administración, como también «los de igualdad y seguridad jurídica», recuerda el Defensor del Pueblo Andaluz.
Como conclusión, el Defensor plantea en su resolución a la Dirección General de Consumo «que conforme a los principios de buena administración y transparencia administrativa y no contrariando con ello la legislación vigente, dé las instrucciones precisas para posibilitar que, en adelante, en los procedimientos sancionadores en materia de consumo iniciados por denuncia de una organización o asociación de consumidores y usuarios legítimamente constituida, la denunciante sea notificada tanto del acto administrativo de iniciación o no del procedimiento, como de la resolución finalizadora del mismo, incluyendo el contenido de dicha resolución y firmeza».