Además, Participa Sevilla vuelve a recordar los presuntos delitos de prevaricación y delito contra los derechos cívicos en los que habría incurrido el delegado de Seguridad Juan Carlos Cabrera, durante el desalojo del Ayuntamiento del 7 de junio.
Tanto Susana Serrano, como Julián Moreno han presentado en el plazo correspondiente de alegaciones un recurso por la multa que les han impuesto por la protesta de ex trabajadores de Lipasam el 7 de junio en el interior del Ayuntamiento de Sevilla. “Aquel día sufrimos un auténtico atropello democrático. Ni siquiera nos dejaron entrar en nuestras oficinas en el Ayuntamiento para reunirnos con unos trabajadores que ya llevan casi un año protestando en la puerta del consistorio”, ha manifestado Susana Serrano, portavoz de Participa Sevilla, que ha recordado que también han sido multados tanto ex trabajadores de Lipasam, como concejales y personal técnico de Izquierda Unida.
En las alegaciones presentadas por ambos ediles, denuncian que los hechos de lo que les acusan “no son ciertos” y no habría incurrido en un incumplimiento del artículo 37.04 de la LO 4/2017. En este escrito, tanto Julián Moreno, como Susana Serrano reconocen que en ningún momento increparon, ni faltaron el respeto a los agentes que estaban interviniendo.
En su comunicado, Participa Sevilla recuerda que de forma previa al desalojo habían mantenido una reunión, junto a IU, con ex trabajadores eventuales de Lipasam. Tras esta reunión, éstos iniciaron una protesta en las escaleras del Ayuntamiento y cuando la policía les comunicó que no podían seguir allí se dirigieron, de nuevo, hacia las instalaciones de los grupos municipales de Participa Sevilla e IU.
Fue en ese momento, cuando uno de los responsables policiales allí presentes manifiesta que tiene órdenes expresas de D. Juan Carlos Cabrera de no dejar reunirse a los trabajadores con los grupos municipales en sus dependencias. Instantes después el cordón policial se transformó en una especie de melé que rodeó a trabajadores y concejales para expulsarles indiscriminadamente del Ayuntamiento.
En su recurso, los concejales de Participa Sevilla recuerdan cómo “se produjo una situación peligrosa con personas quejándose de asfixia, cayendo al suelo y siendo arrollados y empujados, y se produjeron lesiones de varias de ellas”. Incluso, la propia portavoz de Participa Sevilla tuvo que asistir al hospital, donde comprobaron sus lesiones y le recomendaron el uso de un collarín en los siguientes días.
Igualmente, desde Participa Sevilla recuerdan como tras la violenta y desproporcionada actuación policial, se exigió la identificación de cada agente que participó a lo que “el responsable policial se negó a ello e inmediatamente escondió a los funcionarios que fueron requeridos para su identificación”. Además, Participa recuerda como todavía no han podido acceder a las grabaciones de las cámaras municipales en las que se puede visualizar todo lo sucedido. “¿Por qué han pasado más de cuatro meses y no nos han permitido el acceso? ¿Qué quieren ocultar?”, se ha preguntado Serrano, que ha responsabilizado de todo lo ocurrido al delegado Juan Carlos Cabrera.
Veto a la actividad de los concejales
En el recurso presentado por Participa Sevilla, también se alega la “vulneración de derecho de participación política” del artículo 23 de la Constitución. “Ese día, nos impidieron realizar nuestro trabajo, que es escuchar las demandas ciudadanas en el Ayuntamiento. Alardean continuamente del respeto a la Constitución, pero se lo saltan continuamente”, ha denunciado Serrano.
Según la alegación de Participa Sevilla, “el Sr. Cabrera, y los funcionarios de policía que ejecutaron su orden, con completo conocimiento de la injusticia e ilegalidad de su acción y con el fin de cercenar y obstaculizar en lo posible a los grupos de oposición en el Ayuntamiento, impidió o coartó el acceso a los asuntos municipales”.
Investigación de delitos penales
Además, ambos ediles recuerdan que ya existe una investigación penal en el Juzgado de Instrucción nº 13 de Sevilla. “Por tanto, el presente procedimiento administrativo debería suspenderse hasta la resolución del procedimiento penal, ya que son los mismos hechos, los mismos sujetos y el mismo fundamento”, argumentan en su recurso los ediles de Participa Sevilla. En este proceso penal se están investigando los supuestos delitos de prevaricación (art. 404 del Código Penal) y contra los derechos cívicos de las personas (art. 542 del Código Penal) por parte del delegado de Seguridad, Juan Carlos Cabrera. Además, Participa Sevilla recuerda que este mismo juzgado de instrucción está investigando dos delitos de atentado a la autoridad (art. 550 del Código Penal) de los agentes de la policía municipal que golpearon y vejaron a los concejales allí presentes, así como dos delitos leves de lesiones (art. 147.2 del Código Penal) de los agentes de la policía municipal que golpearon y vejaron a los concejales y técnicos allí presentes.
Por último, desde Participa Sevilla exigen que se investigue todo lo ocurrido hasta el final y que no sea la propia policía municipal la encargada de todo este trabajo al ser también investigado. “Ni siquiera hemos recibido ningún tipo de disculpa pública del alcalde, ni de la corporación municipal. Cabrera debería haber sido cesado fulminantemente, ya que fue quien ordenó el desalojo”, ha concluido Serrano.