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Un oficial de la Guardia Civil de Sevilla deberá someterse a un jurado popular el próximo 2 de febrero de 2024. La Fiscalía pide una pena de 14 años y cuatro meses de cárcel por revelación de secretos, cohecho, tráfico de drogas y hurto. Otros dos acusados también estarán en la vista oral correspondiente.
El juicio iba a celebrarse el mes de mayo de 2023. Sin embargo, el abogado defensor de este agente renunció, por lo que tuvo que atrasarse hasta esta fecha. Después, entre los días 5 y 9 del próximo febrero, se presentarán las alegaciones y declaraciones de los tres acusados, y comparecerán los testigos y peritos del caso.
Por los delitos presuntamente cometidos por el policía acusado, se piden las siguientes condenas:
- Ocho años de prisión, multa de 5400 euros y 14 años de inhabilitación especial por cohecho.
- Cuatro años de cárcel y multa de tres millones de euros por un delito de tráfico de drogas.
- Dos años de cárcel por un delito de hurto.
- Cuatro meses de prisión por hurto en grado de tentativa.
- Multa de 2880 euros y tres años de inhabilitación especial por de revelación de secretos.
La Fiscalía solicita para el segundo acusado cuatro años de cárcel y una multa de 3240 euros por un delito de cohecho. Por tráfico de drogas, otros cuatro años de prisión y multa de tres millones de euros. Por otra parte, también se piden dos años de cárcel por hurto y otros cuatro meses en prisión por tentativa de hurto.
El tercer acusado se enfrenta a cuatro años de prisión y una multa de tres millones de euros por tráfico de drogas; a dos años de cárcel por el delito de hurto, y a cuatro meses de prisión por la tentativa de hurto.
El caso por el que este guardia civil será juzgado por un jurado popular junto con otros dos acusados
En una investigación comenzada en 2019, se descubrió que el acusado presuntamente colaboraba con varios traficantes. Les ofrecía información policial extraída por un cómplice de las bases de datos del cuerpo para ayudar a su actividad. A cambio, los traficantes le pagaban.
El segundo acusado actuaba como intermediario entre los traficantes y el agente, «blindando» la seguridad de esta presunta organización y los beneficios económicos derivados. Por último, otro agente ayudaba al primero a conseguir toda la información necesaria de las bases de datos.
En cuanto al hachís con el que traficaban, con un valor superior al millón y medio de euros, lo conseguían directamente de operativos policiales. Se ocupaban de cambiar fardos incautados por señuelos para no levantar sospechas.