Agentes de la Policía Nacional, en una operación dirigida por la Delegación de la Fiscalía Europea en España (EPPO), han detenido a 23 personas, integrantes de una red criminal presuntamente dedicada al fraude de subvenciones agrícolas de la Unión Europea, en Córdoba, Sevilla, Écija y Jerez de la Frontera. Los arrestados crearon un complejo entramado delictivo, en el que participaban varias empresas, que se lucraba a través de la venta de derechos reales ficticios a solicitantes de ayudas europeas de política agraria común (PAC). El importe de lo defraudado asciende a tres millones de euros.
Las pesquisas se iniciaron el pasado año como consecuencia de la denuncia remitida por la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía. A partir de entonces se desarrolló una investigación que ha aflorado la existencia de una estructura criminal que operaba en distintas provincias de Andalucía.
Complejo entramado criminal en el que participaban varias empresas
Los detenidos habrían urdido un complejo sistema delictivo, en el que participaban varias empresas, que se lucraban a través de la venta de derechos reales ficticios a solicitantes de ayudas europeas de política agraria común (PAC). Según los indicios recabados durante la investigación, este entramado criminal ofrecía a los solicitantes la posibilidad de arrendar parcelas para cumplir con los requisitos exigidos respecto a la superficie (hectáreas) y obtener así la ayuda solicitada.
Con este propósito, los miembros de esta estructura criminal, habrían creado un entramado societario a través del cual celebraban contratos falsos de cesión del uso de parcelas de terceros. Los legítimos propietarios de estos terrenos desconocían su utilización fraudulenta para la obtención de subvenciones europeas.
23 detenidos en Córdoba, Sevilla, Écija y Jerez de la Frontera
Finalmente, los agentes detuvieron -entre los días 25 y 26 de septiembre- a 23 personas en Córdoba, Sevilla, Écija y Jerez de la Frontera. A los arrestados se les imputa la presunta comisión de varios delitos de fraude de subvenciones y de falsedad documental, habiendo ocasionado pérdidas estimadas de tres millones de euros para los presupuestos europeos. Asimismo, los agentes han intervenido distintas cuentas bancarias y propiedades vinculadas a las personas investigadas.
La Fiscalía Europea es el Ministerio Fiscal independiente de la Unión Europea, responsable de investigar, procesar y llevar a juicio a los autores de delitos que perjudiquen a los intereses financieros de la UE.