Un Acta remitido por la Junta de Jueces de lo Contencioso Administrativo expone «por unanimidad» las «deficiencias» halladas en los planos del proyecto de traslado de los juzgados a la antigua sede de Abengoa, en Palmas Altas. En este informe concluyen que el traslado de los juzgados a estos edificios, en las condiciones que se proponen, «no supondrá una mejora de las instalaciones» ni del servicio público que se pretende dar.

Las salas de vistas y el pasillo de espera, principal escollo

Según han señalado en dicho informe, los planos de las obras de adaptación de los edificios de Palmas Altas han de «reconsiderarse», habiendo hallado diferentes deficiencias en multitud de aspectos, como, por ejemplo, las salas de vistas 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 y 0.8, que tienen «tamaño insuficiente», y un mobiliario que no se ajusta a las necesidades diarias del desarrollo de su actividad profesional. También observan incidencias en el pasillo de la zona de espera de dichas salas de vistas, al que califican de «auténtica ratonera carente de seguridad, sin salida de emergencia, del que no se podrá salir si se cierran o inhabilitan las dos puertas (una de ellas para acceder a los baños) u ocurre un incidente». Otro inconveniente, aseguran, será el ruido, ya que «el pasillo no solo es insuficiente para albergar a los profesionales, partes, testigos, peritos y público que esté a la espera de acceder a las vistas, sino que el ruido que tantas personas pueden generar no solo va a impedir que se puedan celebrar los juicios con el silencio necesario, sino que va a interferir en el sistema de grabación, que no podrá funcionar correctamente».

Sin control para el acceso a los despachos de los magistrados

Otra de las quejas más llamativas del acta, es la referente al acceso a los despachos de los magistrados y magistradas. Según declaran, no existe control de acceso, ya que «el público y los profesionales pueden acceder a los mismos directamente sin pasar por la oficina judicial ni por un control previo». Además, por si fuera poco, denuncian que estos despachos tienen «menos de 12 metros cuadrados», tamaño «absolutamente insuficiente para las necesidades y funciones que tenemos encomendadas», carentes también de toguero, «de uso obligatorio», espacio para colocar las banderas constitucionales y autonómicas, o una mesa donde se pueda atender a los «jueces en práctica», pues recuerdan que una de las funciones que tienen asignadas es «ser tutores de los jueces en práctica, quienes durante el periodo de prácticas deben estar en todo momento con el magistrado en su despacho».

Piden que los edificios «se adapten» para el correcto desarrollo del servicio de la Justicia

Sobre el proyecto, los jueces determinan que han realizado aportaciones «con contenido critico y positivo», y entienden que, al contrario de lo que se pretende, «los edificios de Palmas Altas, destinados inicialmente a una actividad privada, deben estructurarse con arreglo al servicio público de la Justicia y no adaptar esta a aquella actividad».

Además, a otro respecto, los jueces constatan que «no se han resuelto los problemas de movilidad para el acceso a los edificios en transporte público», y hacen patente su «especial preocupación» por el tamaño de los archivos, que «no parece tengan capacidad suficiente para albergar la numerosísima documentación que tienen los juzgados mercantiles y de 12 instancia».

Medidas propuestas por la Junta de Jueces

Entre las medidas propuestas para la adaptación de estos edificios, los jueces indican que «cada zona asignada a un juzgado deberá contar con un número suficiente de armarios con sistema de seguridad para guardar los procedimientos con garantías». Además de reclamar un «control» para el acceso a los despachos de los magistrados, «deben tener llave para poder cerrarlos». Asimismo, siendo el frontal de los despachos de cristales, solicitan que dichos cristales estén «aislados visual y acústicamente para permitir desarrollar el trabajo con la concentración y el aislamiento que se necesita».

En lo concerniente al mobiliario, por ejemplo, reclaman, entre otras medidas, que el número de mesas de los funcionarios «deben ajustarse al número de funcionarios, en este caso, siete por juzgados para los contencioso-administrativos». También solicitan que se identifiquen las zonas donde se ubicarán las fotocopiadoras y tablones.

El traslado no supondrá «una mejora» en ningún sentido

En definitiva, y como conclusión, la Junta de Jueces considera que el traslado de los juzgados a los edificios de Palmas Altas en las condiciones que se proponen «no supondrá una mejora de las instalaciones» con que actualmente cuentan los juzgados, «ni una mejora en el servicio público que presta la Administración de Justicia» ni «para los ciudadanos ni para los profesionales», así como tampoco «para los empleados públicos que allí sean destinados».

Periodista