El acuerdo, con una previsión inicial de entre 15 y 25 inmuebles titularidad de la sociedad Buildingcenter, se presentará al próximo consejo de administración de Emvisesa para su aprobación y entrada en vigor.
Este proyecto de colaboración responde a los acuerdos alcanzados por todos los grupos políticos en el Pleno y se suma al convenio firmado con SAREB para 15 viviendas y a las obras de adecuación para su recuperación de 19 viviendas
El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, y el director territorial de Caixabank en Andalucía Occidental, Rafael Herrador, han anunciado hoy los términos de un acuerdo marco de colaboración para poner a disposición del Ayuntamiento viviendas disponibles gestionadas en estos momentos por la sociedad Buildingcenter y que serán adjudicadas a personas en riesgo de exclusión social o riesgo inminente de pérdida de la vivienda por parte de la oficina municipal por el derecho a una vivienda digna de Emvisesa. En una primera fase este acuerdo, que será presentado al próximo consejo de administración de la empresa municipal de vivienda, abarcará entre 15 y 25 pisos distribuidos por distintos puntos de la ciudad.
“Con este acuerdo, avanzamos en la ampliación del parque social de vivienda respondiendo además a los compromisos y acuerdos que compartimos todos los grupos políticos de la Corporación como así quedó de manifiesto en el Pleno extraordinario de vivienda celebrado en noviembre de 2015. Y esto es parte del resultado de un trabajo que se viene produciendo desde hace meses y que ya se puso de relieve en la reunión que mantuvimos con todas las entidades bancarias que operan en la ciudad en abril de 2016”, ha explicado el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, quien ha estado acompañado por el delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, Antonio Muñoz, el delegado de Bienestar Social y Empleo, Juan Manuel Flores, y el gerente de Emvisesa, Felipe Castro.
Con este acuerdo las viviendas pasarán a ser adjudicadas a familias que cumplan una serie de requisitos sociales y que estén en situación de riesgo de exclusión social sin que en ningún caso abonen en concepto de alquiler más del 30% de sus ingresos. Se establecen, en cualquier caso, unos máximos de entre 75 y 125 euros en función del tamaño de la vivienda. Aunque el número mínimo inicial está en torno a las 15 viviendas, se trata de un convenio abierto al que se podrán ir incorporando viviendas disponibles una vez que hayan sido evaluadas por la empresa municipal de vivienda.
Esta medida se suma a otras ya realizadas en los últimos meses para la ampliación del parque social de viviendas como el acuerdo con la SAREB para la cesión de 15 viviendas en los mismos términos ya establecidos en Málaga, Madrid o Barcelona, los proyectos de adecuación de una veintena de viviendas deterioradas de Emvisesa o Patrimonio o los procesos de recuperación de viviendas desocupadas de la empresa municipal tras incumplimiento de las condiciones de los contratos por parte de sus inquilinos para su cesión con uso social.
Con estas actuaciones el gobierno tiene como objetivo incrementar el parque de viviendas disponible con fines sociales, una vez que se han acelerado en este mandato los trámites para la adjudicación de viviendas en alquiler o en venta que se encontraban sin uso en Emvisesa. De esta forma, se han firmado un total de 417 contratos en este año y, entre ellos, casi un centenar se han adjudicado a través de procedimientos de excepcionalidad al tratarse de personas con situaciones urgentes como un lanzamiento de sus viviendas.