Critican que «a pesar de las continuas declaraciones del alcalde y del resto de delegados, las medidas que el PSOE lleva a cabo distan mucho de un plan integral para garantizar el derecho a una vivienda digna».
“En estos 100 días, a otras capitales andaluzas sí les ha dado tiempo a implementar planes integrales de vivienda”, ha denunciado la portavoz adjunta de Participa esta mañana, Cristina Honorato.
“24 realojos a familias tras ser desahuciadas, ese es el mantra con que el Gobierno de Espadas responde continuamente ante cualquier debate profundo sobre la vivienda de esta ciudad”, ha denunciado Cristina Honorato, que manifiesta su alegría porque estas personas no se quedarán directamente en la calle tras el desahucio. Como se puso de manifiesto en el pleno, “la imagen que vende el Gobierno está muy alejada de la realidad, ni solo hacemos políticas con eslóganes, ni queremos instrumentalizar a personas con una situación tan extrema de necesidad”, ha insistido Honorato, que de nuevo reivindica la puesta en marcha un plan integral de vivienda para la ciudad.
En otras ciudades andaluzas estos cien días han sido mucho más efectivos en esta cuestión. En Málaga, gobernada por el PP, se ha creado una Oficina por el Derecho a la Vivienda con un presupuesto de dos millones de euros durante el primer semestre de 2016 y contará, por un lado, con viviendas propias en promoción para régimen de alquiler social y, por otro, con las que la banca debe dotar al fondo social de vivienda. Esta medida se adoptó en julio y además incluye un protocolo de intermediación directa con el decanato de los juzgados de Málaga y los órganos judiciales para conocer puntualmente los casos de ejecuciones hipotecarias en curso sobre primera vivienda y el momento exacto de la subasta. Otra de sus tareas será realizar un censo de viviendas vacías en propiedad de bancos y promotores en concurso de acreedores y para poder seguir su funcionamiento cada dos meses se deben publicar las actuaciones en viviendas sociales y ayudas al alquiler. “Una oficina que se ha creado a instancias de Málaga Ahora y que nosotros exigimos a Espadas desde el acuerdo de investidura”, ha explicado Honorato.
En Córdoba (PSOE), también se ha abierto ya una Oficina Municipal en Defensa de la Vivienda que pretende ofrecer un instrumento para defender el derecho a la vivienda digna desde un punto de vista integral. “Una vivienda no puede ser un mero techo debe tener las condiciones básicas de habitabilidad y acceso garantizado a luz, agua o gas”, ha explicado Honorato. Además esta oficina cordobesa pretende ofrecer alternativas reales a personas que puedan ser desahuciadas.
En esta semana, está previsto que en Cádiz termine el plazo para terminar las alegaciones de un plan municipal que ponga en marcha una oficina antidesahucios y el protocolo que sirva para acompañar a las personas afectadas en materia legal, social y económica. “Ni siquiera esto ha hecho ya el Ayuntamiento de Espadas. Aquí la única solución que nos dan es que cuando nos enteramos de posibles desahucios llamemos por teléfono al alcalde o al concejal de Bienestar social. ¿Qué tipo de protocolo es ese?”, se ha preguntado Honorato. Este tipo de iniciativas ante los desahucios también se están llevando a cabo en otras ciudades como Conil, Sanlucar de Barrameda o Carmona.
“Otro ejemplo que nos gustaría destacar es el protocolo de colaboración entre el Ayuntamiento de Granada, el Decanato de los Juzgados de Granada y el secretario coordinador provincial de Granada en materia de desahucios que existe desde diciembre de 2013”, ha manifestado Honorato. De esta forma al inicio del proceso judicial, el propio órgano judicial proporciona al afectado la información necesaria sobre los medios municipales a su disposición y una vez determinada la fecha del lanzamiento, se comunica esta circunstancia a los servicios sociales para que puedan ofrecer su ayuda a las personas afectadas.
Pleno extraordinario sobre vivienda
En las próximas semanas se convocará un pleno extraordinario sobre vivienda como ha solicitado la PAH Sevilla Este – Amate y al que se han comprometido en el último pleno municipal todos los grupos municipales. “Una medida que no hubiera sido necesaria si el Gobierno de Espadas hubiera abordado de verdad este tema”, ha denunciado Honorato, que también ha destacado la presión continua que desde su llegada al Ayuntamiento ha realizado. En el acuerdo de investidura se incluyeron 10 medidas para terminar con la emergencia habitacional, una de ellas exigía “la aprobación en los primeros 100 días de gobierno de un plan municipal por el derecho a una vivienda digna, la función social de la vivienda pública y una estrategia de actuación contra los desahucios”. “Si los pasos que da el Gobierno dice que son tan efectivos y suficiente, ¿por qué tendremos que buscar soluciones a la emergencia habitacional en un pleno extraordinario?”, ha concluido Honorato.