La Plataforma ‘No somos delito’ convocó a 58 asociaciones en las calles de la capital hispalense para protestar contra la Ley de Seguridad Ciudadana que ya ha entrado en vigor.
Una ley considerada «injusta, innecesaria y privativa» de derechos constitucionales como la libertad de manifestarse públicamente ha sido el motivo de descontento de los centenares de ciudadanos que en la tarde de este martes salieron a las calles de Sevilla para protestar por la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como ‘Ley Mordaza’, que este 1 de julio ha entrado en vigor.
Un total de 58 colectivos convocados por la plataforma ‘No somos delito’ se concentraban en la Puerta de Jerez hacia las 20:30 horas e iniciaban una manifestación donde unas 500 personas, según los convocantes, expresaron públicamente su ‘no’ a esta nueva ley.
Estos 58 colectivos distintos coinciden en considerar un «retroceso» una reforma legislativa que que ya ha sido recurrida al Tribunal Constitucional por tener visos de anticonstitucionalidad. Del Foro andaluz de Educación, Comunicación y Ciudadanía, el jurista y profesor de la Universidad Pablo de Olavide, Salvador Cutiño, no puede determinar a ciencia cierta si se trata de una reforma anticonstitucional, pero reconoce la amplitud del recorte de derechos y libertades. El profesor universitario señala que se trata de medidas que pretenden “criminalizar la pobreza y endurecer las penas al control de la disidencia política”.
Sin embargo, indica que lo que le resulta más preocupante es que haya medidas para vigilar aquellos mensajes públicos, como serían los difundidos por las redes sociales, que “inciten o alienten a cometer desórdenes públicos, estés o no implicado en ellos, lo que se puede considerar una censura previa”, ha dictaminado.
Para los manifestantes, la ley introduce un lenguaje “ambiguo” que vela por conceptos como el de evitar “perturbar el orden público”, al tiempo que acompaña un cambio en el Código Penal que «legaliza las devoluciones en caliente y las redadas racistas policiales», según denuncia especialmente el colectivo “Somos Migrantes”.
Otro de los colectivos que ha declarado públicamente su descontento en nombre de diversas asociaciones ha sido el de los periodistas, como el Sindicato de Periodistas de Andalucía. Cabe recordar que la ley considera una infracción grave el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de los agentes que pueda poner en peligro la seguridad personal o profesional de estos o el éxito de una operación.
Esto se traduce en que los agentes podrán requisar las cámaras de periodistas o fotoperiodistas en el ejercicio de su trabajo, un extremo que rechazan las asociaciones de la prensa. Los colectivos de informadores resumen esta circunstancia en que «si su libertad de informar se ve perjudicada, la sociedad también se ve afectada». “Establecemos una respuesta contundente a unas coacciones administrativas que atentan contra el orden democrático que la ciudadanía se otorgó a sí mismo”, han reivindicado.
Por su parte, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Andalucía ha cobrado también su presencia al percibir limitado una de sus grandes armas de negociación en su lucha contra el desahucio. Uno de sus portavoces, Ángel Moreno ha señalado que “no vamos a poder abrir las negociaciones por las que habíamos logrado las 98 daciones en pago; si esto nos lo quitan, nos va a resultar muy difícil”, dice respecto al riesgo de las multas milenarias que restringen el derecho a manifestarse.
Desde el sindicato UGT, Jesús Gabán declara que esta reforma afectará a su vez a los sindicatos en relación a su derecho de establecer huelgas, piquetes informativos o encierros en lugares públicos como puede ser a las puertas de la Seguridad Social.
Tal y como han reivindicado todos los colectivos, el sindicalista coindice en que “esta ley mordaza se ha impuesto para atemorizar a los movimientos ciudadanos en desproporción a la actividad pública que tiene este país”.
Sanciones más relevantes
Multas entre 100 y 600 euros. La nueva ley establece como faltas leves y castigada con esas sanciones acciones como negarse a identificarse ante la autoridad, insultar a la policía durante una manifestación, el consumo de alcohol en lugares públicos que perturbe gravemente, ocupar el espacio de entidades bancarias, la venta ambulante o escalar edificios.
Multas entre 601 y 30.000 euros: manifestarse frente a la sede del Senado, del Congreso o de parlamentos autonómicos si se perturba la seguridad, impedir un desahucio, negarse a disolver una concentración o manifestación, consumir drogas en lugares públicos, solicitar o aceptar servicios sexuales en la vía pública o en lugares donde haya menores, pueden ser castigadas con estos importes
Multas de 30.001 a 600.000 euros. Reuniones o manifestaciones no comunicadas o prohibidas en lugares que tengan la consideración de infraestructuras críticas como centrales nucleares o aeropuertos, así como la intrusión en sus recintos, incluyendo su sobrevuelo, y la obstrucción o la celebración de espectáculos públicos o actividades recreativas quebrantando la prohibición o suspensión ordenada por la autoridad.