El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Dirección General de Acción Social de la Delegación de Hábitat Urbano y Cohesión Social, ha iniciado la contratación de 17 profesionales de la rama de Trabajo Social para ejecutar un programa de refuerzo a la dependencia en la ciudad. Tal refuerzo se realiza a partir de una transferencia de 806.103 euros de la Administración autonómica, en el marco de una distribución de créditos entre todos los municipios andaluces con más de 20.000 habitantes y diputaciones provinciales.
Entre las funciones del programa, que durará 10 meses y se activará el 1 de marzo, se incluyen la información y orientación a las personas interesadas sobre los trámites del procedimiento y las condiciones de acceso a las prestaciones de atención a la dependencia; la elaboración del informe social, y la propuesta de Programa Individual de Atención, tanto en trámite inicial como de revisión.
Con el programa de refuerzo se pretende tramitar un total de 2443 expedientes de solicitudes de tramitación de la Ley de Dependencia en la ciudad de Sevilla y atender así a un colectivo vulnerable como son las personas con dependencia.
En concreto, serán atendidos 855 expedientes de Grado I, que son aquellas personas que presentan dependencia moderada, es decir que la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria al menos una vez al día; 1005 expedientes de Grado II o Dependencia severa, donde la persona tiene necesidades de apoyo extenso para su autonomía personal, y 583 expedientes de Grado III o Gran dependencia, que es cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria varias veces al día y, por su pérdida total de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, necesita el apoyo indispensable y continuo de otra persona.
El programa se financiará con cargo a la transferencia de fondos por importe de 806.103,00 euros asignada en virtud del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 28 de diciembre de 2021, por el que se distribuyen créditos entre Ayuntamientos de municipios con población superior a 20.000 habitantes y Diputaciones Provinciales, al objeto de financiar el refuerzo de los servicios sociales comunitarios en el desarrollo de las competencias atribuidas en materia de dependencia.