La Audiencia de Sevilla iniciará este miércoles 13 de octubre un juicio contra una empresaria acusada de un presunto delito de estafa en el que habría hasta 30 personas afectadas y una sociedad limitada. La mujer habría cosechado cerca de 1,3 millones de euros de estas personas para unas inversiones que nunca se llegaron a hacer, pues habría utilizado el dinero para su propio beneficio.
Según la Fiscalía, la encartada en es administradora de tres sociedades inmobiliarias que «carecían prácticamente de actividad», pero de las que habría conseguido aparentar «solvencia profesional y económica».
Utilizando esa apariencia, durante el año 2007 y principios de 2008, habría prometido a las víctimas intereses de hasta el 120% con sus inversiones. La empresaria habría logrado que hasta 30 inversores y una sociedad limitada «le entregases unas cantidades de dinero ofreciendo realizar con ese dinero unas inversiones que, como era su plan, nunca se llegaban a efectuar, aprovechándose de las cantidades entregadas en su beneficio», cuenta el Ministerio Público.
Para su propio beneficio
Estas cantidades que recibía, según relata la Fiscalía, se destinaban «a su propio beneficio y parte del pago de intereses de otras cantidades previamente recibidas de otros inversores, con lo que conseguía mantener su apariencia de solvencia y profesionalidad, pero nunca realizar inversiones que pudieran generar beneficios, aunque fuesen mínimo», expone la Fiscalía.
El dinero que habría obtenido oscilaría entre 3000 y 250.000 euros, con aportaciones de 156.264 y 134.000 euros en algunos casos.
Tras recibir estos grandes montos de dinero, la acusada habría constituido una nueva sociedad a la que habría incorporado «una serie de inmuebles y créditos sin valor real, porque los inmuebles soportaban hipotecas y embargos que superaban el valor real ». Asimismo, los créditos «se ostentaban contra personas de ninguna solvencia y estaban asegurados con inmuebles hipotecados», narran desde la Fiscalía.
«De esta mercantil se servía la acusada para garantizar con su aval las renovaciones de depósitos, que al vencimiento del plazo de la inversión no se devolvían, sino que se volvían a depositar», apunta la Fiscalía. A la empresaria se le un presunto delito de estafa continuada y se reclama para ella cinco años de cárcel y una multa de 3.600 euros.