Según lo aprobado esta mañana en el Consejo de la Gerencia de Urbanismo, también tendrán que hacer frente a los gastos de mantenimiento de la vivienda. Espadas insta a Zoido a rectificar.
Los concejales del Grupo Socialista Joaquín Díaz y Eva Patricia Bueno han votado hoy en contra de las nuevas normas para los realojos por motivos urbanísticos en pisos sociales que suponen la gestión del parque social de viviendas “sólo con criterios de rentabilidad económica” y que pueden provocar que una familia que haya tenido que ser realojada por falta de recursos pague más al Ayuntamiento de lo que abonaba al propietario de su edificio.
“La Gerencia de Urbanismo tiene que rectificar y revisar el acuerdo aprobado hoy. No se puede establecer un mínimo de 100 euros, más los gastos de comunidad y de mantenimiento de los servicios básicos para una familia que ha pedido un realojo porque ha tenido problemas con el edificio en el que residía y no tiene recursos para buscar un alquiler de renta libre. El coste debe fijarse siempre en función de los ingresos, como ocurría antes de esta modificación”, explicó el concejal socialista Joaquín Díaz, quien cuestionó además otros elementos de la nueva normativa como que se establezca como límite para acceder a estos realojos sociales tener 1,5 veces el IPREM, lo que reduce el número de familias que se pueden ver beneficiadas de este servicio.
El concejal socialista, además, vinculó esta nueva decisión con las decisiones que se han adoptado y con los problemas que se han producido durante este mandato con la gestión de las viviendas sociales. Entre ellos, la existencia de decenas de pisos vacíos durante meses, la disolución de Otainsa, o la paralización de los proyectos para ampliar el parque social de viviendas en edificios expropiados como Encarnación 5 y 6 o el Palacio del Pumarejo.
En el Consejo de la Gerencia de Urbanismo, además, el Grupo Socialista ha votado a favor de la propuesta de deslinde de las vías pecuarias de San Nicolás Oeste, que ahora debe someterse a un periodo de un mes de alegaciones así como a un informe de la Junta de Andalucía. En este sentido, los concejales del Grupo Socialista han cuestionado que este trámite, que se realiza para el desarrollo urbanístico de los suelos de San Nicolás Oeste, donde está proyectada la implantación de Ikea, haya tardado casi un año pese a que se trataba de un proceso de “competencia estrictamente municipal” y, sin embargo, “se haya culpado de los plazos a un falso bloqueo por parte de la Junta de Andalucía”.
En este sentido, los concejales socialistas también han apoyado las negociaciones que se llevan a cabo por parte de la Gerencia de Urbanismo para resolver los problemas existentes con la propiedad de la Gavidia con el Gobierno central y han votado a favor de la petición de una prórroga en los plazos para llegar a un acuerdo. Pese a esto, han criticado que “durante dos años se haya culpado a la Junta de Andalucía de que la Gavidia no se haya vendido y mientras tanto existía un bloqueo por parte del Gobierno central que podía ejercer la condición resolutoria del convenio firmado con el Ayuntamiento y reclamar por tanto la propiedad del edificio de la Gavidia”.
Los concejales socialistas han cuestionado, además, la ideoneidad de los proyectos presentados por empresas privadas y avalados por la Gerencia de Urbanismo para convertir la estación de Cádiz en un equipamientos deportivo y para construir un centro dedicado a las tradiciones sevillanas en el solar denominado Corral de las Herrerías, ubicado junto a la Torre de la Plata. En ambos casos, el Grupo Socialista ha votado en contra de los acuerdos propuestos por parte de la Gerencia de Urbanismo.
IU habla de “enésima involución” del PP
Por su parte, el portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Rodrigo Torrijos, ha lamentado hoy la “enésima involución que el Gobierno local del PP ha consumado en la ciudad al dejar sin efecto la normativa que regulaba hasta ahora los realojos temporales para personas sin recursos en viviendas del parque social municipal y su sustitución por otro procedimiento mucho más restrictivo y regresivo”.
Según ha indicado Torrijos, los inquilinos de una vivienda no tienen por qué asumir el coste de un realojo provocado por la realización de obras de seguridad y conservación en su edificio, siempre y cuando haya sido la Gerencia de Urbanismo la que ordene a los propietarios la correspondiente orden de ejecución. De ahí que “nuestra fuerza política se oponga firmemente a cobrar una renta mínima de 100 euros al mes a personas que, en la mayoría de los casos, son víctimas de asustaviejas y cuyo nivel de ingresos es ya de por sí bastante limitado”, ha explicado el portavoz de IU.
“Volvemos a constatar la insensibilidad del Gobierno de Zoido con los más débiles”, ha aseverado Torrijos, quien ha denunciado, además, el endurecimiento de los requisitos que, a partir de ahora, han de cumplirse para acogerse a estos realojos temporales. “Se añaden nuevas trabas relacionadas con la titularidad de los contratos de alquiler y con los ingresos familiares. Y lo que es aún más sangrante: se establece un veto claramente discriminatorio a personas con dificultades de integración social y cultural”, ha subrayado.
“¿Cómo es posible que el Ayuntamiento de Sevilla, en un contexto de emergencia habitacional como el actual, en vez de incrementar sus actuaciones para hacer frente al problema de la vivienda, se dedique, sin embargo, a recortarlas en perjuicio de los más desfavorecidos?”, se ha preguntado Torrijos.
Finalmente, el portavoz de IU ha enmarcado “este último paso” dentro de una hoja de ruta más amplia del PP que, según ha precisado, tiene como objetivo desmantelar cuanto antes las políticas locales de vivienda en la capital hispalense.
Vílchez: “Se aumenta el control y el rigor”
Mientras tanto, el delegado de Urbanismo, Maximiliano Vílchez, ha aclarado que los realojos por motivos urbanísticos en pisos sociales se producen cuando hay riesgo para la seguridad al existir riesgo de derrumbe en los inmuebles y que “los ciudadanos a los que se le busca una nueva vivienda de manera temporal, si pagaban un alquiler, pasan a pagarlo a la Gerencia de Urbanismo al ser ésta la que le ha facilitado esa vivienda. Y, en el caso de los propietarios, se les estipula un alquiler por el tiempo que están utilizando esa nueva vivienda que le facilita la Gerencia de Urbanismo”.
Maximiliano Vílchez ha señalado que “se trata de una contraprestación que, o bien los inquilinos o bien los propietarios, hacen a los ciudadanos de Sevilla a través de esos alquileres o pagos de renta en compensación por la vivienda que temporalmente se les cede en uso mientras se rehabilita la suya”.