A partir de las 10:00 horas, las plantillas de ambas empresas inician una marcha como medida de protesta. Reclaman una solución a la privatización del mercado central y a la huelga de recogida de basuras.
Las plantillas de la sociedad municipal Limpieza Pública y Protección Ambiental (Lipasam) y de la empresa gestora del mercado central de abastos hispalense, Mercasevilla, protagonizan desde la mañana de hoy una marcha a pie desde las instalaciones de ambas compañías en la carretera Sevilla-Málaga, hasta el Ayuntamiento.
La marcha se enmarca en las protestas que los trabajadores mantienen en el seno de ambas empresas a causa del plan de ajuste propuesto por el Gobierno local de Juan Ignacio Zoido. A partir de las 10:00 horas, los trabajadores de Lipasam saldrán de la sede central de la empresa en la carretera Sevilla-Málaga hasta las instalaciones de Mercasevilla, donde aguardan sus empleados.
A partir de aquí, ambas plantillas marcharán a pie hasta el Ayuntamiento de Sevilla para visibilizar el rechazo de los trabajadores de las dos empresas a las medidas propuestas por el Gobierno local. Los trabajadores de Lipasam abren la puerta a una posible acampada a las puertas del Consistorio para pedir una negociación.
Los trabajadores de Lipasam, que mantienen una huelga indefinida desde el pasado domingo, protestan por la aplicación de un acuerdo establecido en abril donde se pactó una reducción salarial del 5% y una ampliación de la jornada laboral a 37,5 horas semanales.
El comité de empresa se queja de que el Ayuntamiento pretende acumular la media hora más diaria (que genera 16 días al año) y utilizar estas horas en días de descanso de Semana Santa, Feria y Navidad, lo que supondría la eliminación de 200 contrataciones eventuales. A su vez, critican que tienen el sueldo congelado “desde los últimos cinco años” por lo que aducen un ahorro con los costes de la empresa para suavizar esta disminución salarial.
Por lo que respecta a Mercasevilla, el Ayuntamiento de Sevilla, como socio mayoritario, promueve una liberalización de servicios para la lonja de pescados, lo que se traduciría en un expediente de regulación de empleo (ERE) con efectos sobre cerca de un centenar de los 198 miembros de la plantilla.
El Gobierno municipal asegura que se trata de una medida exigida por las normativas comunitarias y necesaria para la viabilidad de la empresa, pero los sindicatos aseguran que se trata de una «decisión política» destinada a «privatizar» los servicios que la plantilla pública presta en la lonja de pescado.