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La jueza dejó en libertad provisional al hijo menor del dueño de Magrudis / Facua
Sevilla

Los dueños de Magrudis no volverán a prisión por no haber riesgo de fuga

La Audiencia Provincial de Sevilla ha decidido que los dueños de Magrudis, José Antonio Marín Ponce y su hijo, Sandro José Marín Rodríguez, no vuelvan en prisión al no apreciar riesgo de fuga. La jueza que investiga el brote de listerioris, Pila Ordóñez, acordó su puesta en libertad el pasado 17 de marzo, tras haber estado seis meses en prisión provisional.

La asociación de consumidores Facua, había revocado la libertad provisional por considerar que había “más riesgo” de fuga en este momento, mientras que la Fiscalía de Sevilla y la acusación que ejerce el Ayuntamiento de Sevilla, se opusieron a que fuesen encarcelados de nuevo.

Finalmente, la Sala de la Sección Tercera, ha desestimado el recurso de apelación de la Ferderación de Asociaciones de Usuarios y Consumidores de Andalucía (Facua). El auto considera que el riesgo de fuga “ha quedado mitigado con el trasncurso del tiempo y “procede confirmar la resolución recurrida” y añade que existen otras alternativas que permiten “neutralizar” ese riesgo. “La resolución impone unas cautelas consistentes en la obligación de comparecer ante el Juzgado que conoce de la causa semanalmente, la retirada del pasaporte y la prohibición de salir del territorio nacional, con las que se trata de garantizar su sujeción al proceso”.

Además, la Audiencia explica que los investigados “tienen arraigo familiar en Sevilla y domicilio conocido. Consta, además, una disminución importante de situación económica, careciendo de trabajo” y, según la Instructora, “de medios para hacer frente a cualquier fianza que se le impusiera en estos momentos”. “De hecho, vienen cumpliendo –ambos investigados– las comparecencias semanales que le han sido impuestas y llevan más de tres meses en libertad sin que se haya apreciado una modificación de las circunstancias tenidas en cuenta por la Juez que justifique un nuevo cambio de medida de situación personal”.

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La Sala también señalada que el “posible riesgo de obstrucción a la justicia y de poder ocultar, alterar o destruir fuentes de pruebas relevantes, no justificaría una modificación de la medida recurrida”.

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