Antonia Fernández, con antecedentes delictivos y toxicológicos, perdió la custodia de su hijo el día de su nacimiento después de que el hospital de Valme detectara en el bebé un síndrome de abstinencia a metadona y ansiolíticos. La Audiencia de Sevilla confirma ahora que la Junta actuó en base a “datos objetivos”.
Sevilla Actualidad. La Audiencia de Sevilla ha confirmado la decisión de la Junta de declarar en desamparo al hijo de una reclusa después de que éste naciera con síndrome de abstinencia y el equipo técnico expresara sus «serias dudas» de que la madre estuviese capacitada para atender al bebé.
De esta forma, la Sección Segunda de la Audiencia, encargada de los asuntos de familia, considera que el desamparo del recién nacido estuvo bien decidido pues la Junta tenía «datos objetivos» que justificaban su intervención, entre otros los problemas de drogadicción de la madre y la previa retirada de la tutela sobre otros hijos.
El abogado de la madre, José Antonio Bosch, había pedido que se anulase dicha declaración porque, en la cárcel, donde podía vivir con su madre en los primeros años de vida, el bebé tenía garantizadas todas sus necesidades morales y materiales.
La sentencia, de la que informa Efe, niega tal posibilidad e incluso reprocha a la madre que, sabiendo que el menor podía ser atendido «correctamente por su familia externa, procuró a toda costa mantenerlo en el Centro Penitenciario, obviando lo mejor para el menor».
“Su situación era de desamparo”
Antonia Fernández Pareja perdió la tutela de su hijo el mismo día de su nacimiento, el 28 de septiembre de 2007 en Sevilla, dados sus antecedentes delictivos y toxicológicos que, según su abogado, se encuentran «totalmente superados». Tras un primer intento de dar al bebé en adopción, la Junta lo entregó en febrero de 2008 en acogimiento a una hermana de la madre y a su esposo, con los que continúa en la actualidad.
La Audiencia confirma la decisión de la Junta porque una comunicación del hospital de Valme, donde nació el niño, dio cuenta de su síndrome de abstinencia a metadona y ansiolíticos, lo que refleja que «su situación en el momento en que actuó la entidad pública era de desamparo, que podría mantenerse si no se adoptaban medidas adecuadas».
Junto a ello, un informe de la cárcel dijo que Antonia «no se había implicado en ningún momento» en la Escuela de Madres, por lo que el Equipo Técnico expresó sus «serias dudas» de que pudiese «desempeñar de forma adecuada» el cuidado del bebé.
En el juicio, la Junta defendió que el bebé estaba en situación de riesgo en el momento de su nacimiento porque su madre es agresiva y ha sido condenada por delitos graves. El abogado defensor, sin embargo, mantuvo que el recién nacido «nunca se encontró realmente privado de la necesaria asistencia moral y material, su madre estaba en uno de los diez centros penitenciarios españoles con Unidades de Madres», como es la cárcel de Alcalá de Guadaíra, y con «todos los servicios para atender las necesidades de los menores”.