El Juzgado de lo Penal número 2 de Sevilla, juzga este miércoles a 20 sindicalistas del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) acusados de robar varios carros de la compra en un Mercadona de Écija en 2012.
Entre los acusados están Óscar Reina, secretario general del SAT; el exconcejal de Jaén en Común en el Ayuntamiento de Jaén Andrés Bódalo; el alcalde de Izquierda Unida de Pedrera, Antonio Nogales; el exdiputado provincial de Sevilla por IU Manuel Rodríguez Guillén, así como a 16 sindicalistas más. Juan Manuel Sánchez Gordillo, alcalde de Marinaleda desde 1979, fue absuelto por no existir indicios de su participación material en los hechos.
El juicio debería haberse celebrado el 5 de septiembre de 2019, pero debido a que faltaron varios procesados a los que no les llegó la notificación, se aplazó para el 12 y el 13 de febrero de 2020.
Tanto la Fiscalía como la cadena a la que pertenece el supermercado, solicitan un año y seis meses de prisión para cada uno de los sindicalistas. Además a tres de ellos, les solicita un pago de 366 euros y otro de 180 por falta de lesiones, así como el abono conjunto de 1.400 euros al supermercado y entre 180 y 450 euros a los trabajadores que resultaron lesionados.
La defensa pide la libre absolución y muestra su disconformidad con la descripción que hace de los hechos la Fiscalía, que señaló en un escrito que los acusados entraron en el establecimiento «con la intención de sustraer mercancía no abonando su importe» y pese a que «se interpusieron en la salida distintos empleados del supermercado requiriendo a los acusados el abono de la compra», los atacaron causándole una serie de lesiones.
El secretario general del SAT, Óscar Reina, junto al dirigente del sindicato Diego Cañamero, defienden que los sindicalistas llevaron a cabo «un acto simbólico» a modo de denuncia ante la situación económica y social que sufría Andalucía y no un robo a la fuerza. Cañamero ha aclarado en varias ocasiones que los alimentos de «primera necesidad» que se cogieron iban a ser destinados a servicios sociales.
El Consejo de Coordinación de Podemos Andalucía ha manifestado su solidaridad con los 20 sindicalistas y ha considerado desproporcionada la acción judicial contra ellos. Desde Podemos Andalucía recuerdan que la acción por la que se juzga a los sindicalistas marcó un hito en la concienciación ciudadana respecto al problema de la pobreza severa en España y propició que se habilitaran nuevos mecanismos de apoyo a los más desfavorecidos. Las imágenes de aquella expropiación de alimentos permitió además denunciar que, mientras más de la mitad de la población andaluza pasaba hambre, las grandes distribuidoras arrojaban a la basura más de 400.000 mil toneladas de alimentos.