Cientos de vecinos del barrio y personas que querían manifestar su apoyo se congregaron en la tarde de ayer en la barriada sevillana de Tartessos, donde reside la familia de Marta del Castillo, para pedir que se cumplan íntegramente las penas. El juez que investiga el caso ha solicitado una indemnización de 240.000 euros a los imputados en el caso por daños morales a la familia de la menor.
Miriam Rico/Agencias. Más de 150 personas se reunieron a las 20:30 horas de ayer en el barrio de Tartessos, donde reside la familia de Marta, para solicitar al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero cambios en la ley tras la decisión adoptada por el juez de excarcelar a Javier Delgado.
El abuelo de Marta del Castillo, José Antonio Casanueva Gutiérrez, comenzó a leer un manifiesto recordando a los presidiarios que se habían manifestado a favor del endurecimiento de las penas ya que habían manifestado su arrepentimiento por el crimen cometido. Así, el abuelo de la menor sevillana expresó que “ellos que son los que merecen el artículo 25 y no los violadores asesinos y pederastas”.
José Antonio Casanueva finalizó con un “no olvidemos a Marta”. Tras ello todos los presentes comenzaron a aplaudir y a gritar “¡Todos somos Marta!” y “¡Justicia!”.
También estuvo presente en el acto un familiar llegado de Móstoles (Madrid) para pedir a los ciudadanos que acudieran a todas las manifestaciones que se realizaran, tanto en Sevilla como en Madrid. El familiar madrileño reforzó la idea del cumplimiento íntegro de las penas solicitando que “este y otros asesinatos no queden impune y cumplan la condena con totalidad, que el Gobierno y oposición se unan para tomar medidas que refuercen las penas”.
Fianza de 240.000 euros a los imputados
El juez de instrucción número 4 de Sevilla que investiga el caso Marta del Castillo, Francisco de Asís Molina, ha impuesto a los imputados un total de 240.000 euros de fianza con el objetivo de garantizar una posible indemnización a la familia de la joven sevillana.
La petición del magistrado se notificó en el día de ayer a las partes que cuentan con cinco días para pagar la compensación. Si los imputados no efectúan el pago dentro del plazo establecido, Francisco de Asís Molina podría embargar las propiedades de los imputados para garantizar así el cobro de la posible indemnización para la familia, opción que se determinará en el juicio para los padres, hermanas y abuelos de Marta por el daño moral causado.
Aunque en un primer momento el juez ha solicitado la cantidad total -240.000 euros- a cada uno de los imputados, la cantidad podría dividirse ya que si no fuese así la fianza total ascendería a un total de 1,2 millones de euros, cantidad superior a las que suelen imponerse por delitos de sangre.
Si los implicados hasta ahora son condenados finalmente por el asesinato de la menor sevillana, la responsabilidad civil recaerá de forma solidaria en los imputados, es decir, en función del grado de participación que cada uno tuviera en el delito. Éstos serían Miguel, Samuel, Francisco Javier y su novia, María García. ‘El Cuco’, quien presuntamente participó en la violación y homicidio de la chica, al ser menor de edad se tramitará la causa de forma separada en el Juzgado de Menores.
De esta forma, los cuatro imputados ofrecerán a partir de ahora los bienes de que dispongan para hacer frente a dicha responsabilidad y el juez decidirá si los considera suficientes. En el caso de Francisco Javier, en libertad desde el pasado 20 de mayo, podría aportar como aval el piso de León XIII, de su propiedad.
La decisión de la fianza fue tomada por Francisco de Asís Molina después de que el abogado de la familia Del Castillo solicitara al juez un posible delito de ocultación de patrimonio por parte de Francisco Javier para ser así declarado insolvente, tipificado en el artículo 258 del Código Penal. El hermano de Miguel disolvió ante notario 22 días después de entrar en prisión, el régimen de gananciales con su ex mujer quien vendió un garaje que poseían.
El abogado de los padres de Marta alego en su petición al juez que la disolución del régimen de gananciales constituye un hecho más que “demuestra la capacidad y pericia que el imputado viene demostrando para dificultar la investigación, impedir el descubrimiento del cadáver y, ahora, también para eludir las responsabilidades civiles que pudieran corresponderle».
Salas exige a Caamaño que pida perdón a la familia de Marta
El senador del Grupo Popular por Andalucía, Rafael Javier Salas, ha solicitado al ministro de Justicia, Francisco Caamaño, que rectifique las declaraciones en las que defendió el ‘derecho a mentir’ de los imputados en el caso Marta del Castillo.
Caamaño defendió hace semanas atrás el derecho a mentir de los acusados, alegando que “una persona que está imputada tiene a mentir, quien no lo pueden hacer son los testigos”.
Salas, por su parte, ha reprochado al ministro de Justicia que no ha estado a la altura de las circunstancias con las declaraciones, manifestando además que “con esas declaraciones justificó la posición de los implicados y se alejó del dolor de las víctimas en lugar de reconfortarles».
Aludiendo a unas declaraciones de Caamaño en las que calificó a la pregunta formulada por el senador popular de ‘electoralista’, Salas respondió que Zapatero fue el primero en visitar la familia Del Castillo, preguntando que si eso también era electoralismo.
El Senador también solicitó que se realicen cambios en la legislación y que el ministro de Economía, pusiera un Plan de Protección Especial para las víctimas vulnerables que permita elevar las penas y éstas se cumplan íntegramente.
Tras las declaraciones de Salas, el presidente del Partido Popular de Andalucía, Javier Arenas, exigió al ministro de Justicia una rectificación “inmediata”. La familia de Marta consideró como “lamentable” que Caamaño defendiera “el criterio de la mentira”.
{linkr:related;keywords:carca%C3%83%C2%B1o;limit:5;title:Art%C3%83%C2%ADculos+relacionados}