El consejero de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, ha insistido este jueves en que la Administración autonómica «no puede actuar directamente» en la antigua hacienda Ibarburu, levantada en torno a 1748 en el término municipal de Dos Hermanas, al no ser el titular de este Bien de Interés Cultural (BIC). No obstante, Bernal ha confirmado que la Junta volverá a «instar» a los propietarios a que tomen medidas para la conservación de esta hacienda, que Por Andalucía ha calificado que está en un estado «lamentable».
De hecho, la diputada Maribel Mora ha preguntado en el Pleno del Parlamento por las medidas que va a adoptar la Junta para frenar el «expolio absoluto» que sufre este BIC desde hace años. Ha detallado, de hecho, que han sido robadas columnas enteras de mármol, tejas y azulejos. «Todo lo que tiene valor se lo están llevando», ha alertado la parlamentaria de Por Andalucía, que ha recordado que también se han registrado «varios incendios».
El consejero Arturo Bernal ha defendido que la Junta «no puede contestar otra cosa que no sea lo que está en la Ley», y según ésta, ha referido el titular andaluz de Cultura, la junta no es titular de la hacienda Ibarburu y, por tanto, «no podemos actuar directamente» sobre este bien. En este punto, Maribel Mora le ha recordado que la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía «le da a usted competencias en inspección, en ejecución de obras de manera subsidiaria, en sanciones por faltas graves de conservación e incluso le faculta para expropiar». «Por favor, no eche balones fuera», le ha sentenciado.
«El deber es del titular. Instaremos de nuevo al propietario para que actúe sobre el bien para que lo conserven adecuadamente», ha apostillado el consejero, que ha desempolvado incluso un informe del gabinete jurídico de la Consejería de Cultura de 2020 en el que se deja claro que «no era posible intervenir» por parte de la Junta al no ser ésta «titular» del inmueble nazareno.
A cuenta de uno de los expolios perpetrado en esta antigua hacienda, una resolución de la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz reflejaba que la Delegación Territorial de la Consejería de Cultura interpuso su propia denuncia ante la Policía Nacional, fijando «con carácter urgente una visita de inspección al citado bien de interés cultural, con objeto de identificar y valorar los daños y el expolio que se hayan producido».