El consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, ha indicado este lunes que la reapertura de la mina de Aznalcóllar podría concretarse en un plazo razonable, aunque ha enfatizado la importancia de avanzar con cautela y sin precipitaciones.
En relación con el vertido de aguas provenientes del vaciado de la mina a cielo abierto, Paradela ha asegurado que se llevará a cabo un proceso esencial de tratamiento para garantizar que los efluentes cumplan con los estándares legales. «El agua no será vertida tal cual, sino que será sometida a un tratamiento previo para reducir la carga de metales pesados, todo dentro del marco normativo», ha afirmado el consejero.
Paradela ha destacado que ya se han dado pasos significativos hacia la reapertura de la mina de Aznalcóllar, mencionando la Declaración de Impacto Ambiental y la tramitación de la Autorización Ambiental Unificada como hitos importantes que hacen viable la apertura en un futuro cercano.
Estas declaraciones se produjeron antes de una reunión con la junta directiva de Smart City Cluster, una alianza empresarial e institucional centrada en el desarrollo de ciudades inteligentes, donde Paradela compartió detalles sobre el anteproyecto de Ley de Espacios Productivos de Andalucía y su relevancia para el sector de las Smart City.
Ecologistas avisan del «vertido tóxico» de la mina de Aznalcóllar
Por otro lado, grupos ecologistas como Greenpeace y Ecologistas en Acción han expresado preocupación sobre el potencial impacto ambiental del proyecto de explotación minera en Aznalcóllar, especialmente en relación con el vertido de aguas contaminadas al río Guadalquivir. Estos grupos argumentan que, a pesar de los procesos de depuración anunciados, las aguas residuales podrían contener altas concentraciones de metales pesados que podrían afectar al entorno protegido de la zona.
La reapertura de la mina de Aznalcóllar, que implica una inversión considerable y la creación de empleos, ha generado debates sobre sus posibles implicaciones ambientales y legales, incluyendo un juicio penal pendiente relacionado con la adjudicación de los derechos de explotación.