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La asociación Ecologistas en Acción ha denunciado ante la Administración hidráulica responsable un vertido de restos de obra menor con «gran cantidad de uralita» en el tramo del cauce del río Guadaíra correspondiente al puente metálico situado en el antiguo trazado del ferrocarril Arahal-La Trinidad.
El colectivo ecologista ha alertado del «peligro que supone el vertido de este tipo de material y el riesgo que supone para la salud la inhalación de fibras de amianto en el sistema respiratorio».
Peligros del amianto
Los peligros del amianto en la salud abarcan desde la asbestosis o fibrosis pulmonar, el cáncer de pulmón, cáncer de laringe, cáncer de ovarios e incluso actualmente se está estudiando si también genera problemas como cáncer de faringe, estómago y colón.
Esta zona del río Guadaíra está considerada como Lugar de Importancia Comunitaria, por lo que las últimas lluvias que han provocado la crecida del río por esta zona han podido arrastrar parte de la uralita aguas abajo, con el consiguiente peligro de extender más allá de la zona del vertido la contaminación, según el colectivo.
Jaedilla-Ecologistas en Acción solicita además colaboración ciudadana para denunciar este tipo de actuaciones. El vertido de uralita encontrado en el tramo de Arahal en el río Guadaíra pone de manifiesto la necesidad, «ante la ausencia reiterada de vigilancia en el término municipal por carecer de una patrulla verde municipal».
Vertederos incontrolados
Prácticas como las del vertido de uralita en el río Guadaíra se hacen cada vez más habitual en la zona alertando del «incremento de vertederos incontrolados en los últimos meses en la periferia de Arahal, en solares, en los bordes de caminos y vías pecuarias, en los descampados junto a muchas barriadas, en los polígonos industriales, en definitiva, en todas partes, lo que está creando un auténtico problema medioambiental y de salubridad».
«Está claro que los culpables de esta situación son quienes, ignorando puntos limpios y lugares de recogida de escombros y residuos, los depositan en perjuicio de todos en cualquier lugar», dicen los activistas, reclamando eso sí a las autoridades locales y autonómicas «una mayor vigilancia, sanciones más duras y campañas de concienciación medioambiental».