Ecologistas en Acción demanda a la Consejería de Medio Ambiente por «los mismos vicios de nulidad» que han anulado recientemente el PGOU de Marbella.
En el mes de septiembre, Ecologistas en Acción interpuso un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra la «inactividad» de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ante las repetidas solicitudes «ignoradas por esa Consejería» para que sometiera la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Morón de la Frontera al procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica establecido en la legislación ambiental europea y estatal. Concretamente realizó esa petición mediante escritos de 29 de junio, 20 de agosto, 10 y 29 de diciembre de 2014 sin que hasta la fecha «haya obtenido ninguna respuesta satisfactoria».
El recurso fue admitido a trámite por la sala de lo contencioso administrativo del TSJA mediante diligencia del 6 de octubre y con fecha 26 de noviembre ha sido reconocido el derecho de Asistencia Jurídica Gratuita a Ecologistas en Acción, en los términos establecidos en el artículo 23 de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, lo que acelera la resolución del recurso, según los ecologistas.
También han querido recordar que “se está pudiendo cometer un delito continuado de prevaricación ambiental por omisión, al permitirse una explotación minera incompatible con el ordenamiento urbanístico vigente, a sabiendas de esa incompatibilidad, en Suelo No Urbanizable de Especial Protección con valores ambientales muy relevantes». Además, los ecologistas han dejado claro que «el intento de modificar el PGOU para legalizar una actividad minera palmariamente incompatible no hace más que actuar como agravante de ese posible delito, que sin duda tendrá que ser investigado por los Tribunales de Justicia”.
Además, en la última semana de octubre el Tribunal Supremo ha dictado tres sentencias «con contundentes argumentos» que anulan el PGOU de Marbella, y para ello el Tribunal Superior argumenta la ausencia de Evaluación Ambiental Estratégica, en contra del criterio de los Servicios Jurídicos de la Junta de Andalucía.
Las sentencias del Tribunal Superior declaran «definitivamente» que la legislación ambiental andaluza que se aplicó al PGOU de Marbella «no puede sustituir en ningún caso a la establecida en la legislación europea».
Y ese mismo vicio de nulidad afecta, según los ecologistas, al PGOU de Morón de la Frontera, por lo que la consecuencia «no puede ser otra que la tramitación de este PGOU es también nula e ilegal».