Un juzgado de Sevilla ha condenado al socialista Manuel Moreno Noa, ex alcalde de Brenes y al concejal de Sostenibilidad Urbana a año y medio de cárcel y cinco años de inhabilitación por conceder dos licencias ilegales.
Un juez de Sevilla ha condenado a un año y medio de cárcel al ex alcalde de Brenes Manuel Moreno Noa (PSOE) y a su concejal delegado del área de Sostenibilidad Urbana, Rosanilo Daza Pastrana, por conceder dos licencias de primera ocupación «manifiestamente» ilegales para sendas viviendas pese a los informes en contra del arquitecto y secretario municipales.
Según informan agencias, en la sentencia fechada el 31 de julio, el juez de lo Penal número 2 de Sevilla condena además a ambos a cinco años de inhabilitación especial para el desempeño de empleo o cargo público relacionado con la actividad urbanística y al pago de una multa de 2.700 euros por un delito continuado de prevaricación urbanística.
El magistrado considera probado, en relación a la primera de las viviendas en construcción, una casa unifamiliar ubicada en la calle Cantillana, que el promotor solicitó una licencia de edificación en noviembre de 2009, de manera que, tras la subsanación de determinados defectos informados por los técnicos municipales, que determinaron inicialmente la denegación de la licencia por parte del anterior alcalde, la Junta de Gobierno Local concedió finalmente licencia urbanística de edificación en marzo de 2010.
En octubre de 2011, el arquitecto municipal informó nuevamente «reiterando que no se había terminado la vivienda, y que además las obras realmente ejecutadas no se ajustaban al proyecto y la licencia de edificación», pues había un «notorio exceso» de 161 metros cuadrados, 150,98 de los cuales no eran legalizables por exceder de la edificabilidad máxima de la parcela.
De su lado, el secretario municipal alertó de que la obra ejecutada «era disconforme» con la licencia de obras e «imposible» de legalizar, por lo que advertía al alcalde de que no debía conceder la licencia de ocupación.
«No obstante la claridad de los dos informes, el técnico y el jurídico, advirtiendo de la imposibilidad de conceder la licencia de ocupación», y «sin justificar mínimamente una propuesta discordante con los criterios técnico y jurídico», el concejal condenado propuso «de manera arbitraria» al entonces alcalde que concediera la licencia, «a sabiendas de la imposibilidad de dicha concesión».
De su lado, el ya ex alcalde, «perfectamente consciente de la manifiesta injusticia de otorgar la licencia y tomando en consideración expresamente en su resolución las graves objeciones de legalidad que se le indicaban por sus técnicos, no solamente denegó la propuesta de incoar los expedientes de reposición de la legalidad y sancionador, sino que concedió la licencia de ocupación».
El ex alcalde «no sólo denegó el inicio de expediente de reposición de la legalidad y sancionador que le había sido propuesto por el técnico municipal, sino que también resolvió conceder la licencia de ocupación a sabiendas de que su comportamiento era ilegal».
En el juicio celebrado el 10 de abril, el entonces alcalde aseguró que firmó en octubre de 2011 la concesión de las licencias de primera ocupación para dos viviendas «sin mirar» la documentación que acompañaba a las mismas, en las que se incluía los informes en contra del arquitecto y del secretario municipales, ya que no tenía tiempo para detenerse en cada uno de los «20 o 30 expedientes» que le llegaban diariamente a través de un programa informático.