El Consorcio ha querido salir al paso de las informaciones aparecidas durante esta tarde, asegurando que “ni un solo de los trabajadores actualmente contratados en las antiguas instalaciones de la mina de Aznalcóllar perderá su empleo”.
Hasta la fecha, con cargo al erario público, se han venido desarrollando tareas de mantenimiento y de vigilancia de estas instalaciones, encomendadas por parte de la Junta de Andalucía a dos empresas públicas: la estatal Tragsa y la autonómica Amaya.
A partir del momento en que se adjudica la mina de Aznalcóllar, estas tareas de mantenimiento y vigilancia son sufragadas por el nuevo adjudicatario del complejo, el consorcio México-Minorbis.
Según el propio consorcio «se encuentran en este momento negociando los contratos de mantenimiento y vigilancia tanto con Amaya como con Tragsa, acuerdos que quedarán cerrados en los próximos días para que no se tenga que despedir a ningún trabajador, prorrogando al encomienda actual de la Junta de Andalucía que finaliza el próximo 31 de marzo».