Representantes de los comités de huelga de las Universidades de Granada, Málaga y Sevilla se han reunido en el Parlamento de Andalucía con la nueva Consejera de Conocimiento, Investigación y Universidad, Lina Gálvez, y con el Secretario General de Universidades, Manuel Torralbo.
El profesorado universitario en huelga esperaba que la reunión sirviera para avanzar hacia soluciones que acaben con el conflicto. Por el contrario, el Secretario General de Universidades ha afirmado en varias ocasiones durante la reunión que no reconoce la existencia de la situación de discriminación que sufren los profesores Ayudante Doctor y Contratado Doctor Interino y que les ha llevado a la convocatoria de huelga, justificando que no puedan promocionar mediante la vía de la acreditación como ocurre con otras categorías profesionales que realizan las mismas funciones dentro de la Universidad.
Por otro lado, la nueva Consejera ha señalado la necesidad de diseñar una carrera docente que dé certeza y sea estable en el tiempo. Ese objetivo es común a todas las partes, pero el personal que tiene contratos temporales o interinos no está en disposición de asumir los plazos que las instituciones prevén y quedarían en una situación de vulnerabilidad en sus puestos de trabajo, ya que cabe recordar que el Acuerdo de la Mesa General de Universidades de 27 de febrero de 2018 deja fuera a más de la mitad del colectivo –no se aplica al Profesorado Ayudante Doctor, lo cual en sí mismo es también discriminatorio– y genera muchísimas dudas al Profesorado Contratado Doctor interino.
Los representantes del colectivo consideran que la reunión con la Consejera es un logro de la huelga, y tenían la esperanza de que dicha reunión fuera reflejo de un cambio en la postura de la Junta de Andalucía. Sin embargo, no sólo no ha sido así, sino que la consideran que hoy se ha producido un grave retroceso en el recorrido de un conflicto que se remonta a 2012. Los representantes del colectivo consideran que se vuelve al punto de partida: la Consejera ha afirmado que requiere del beneplácito de Rectores y Rectoras para poder tomar medidas. Desde el colectivo entienden, por tanto, que renuncia a tomar la iniciativa política para empezar a reparar algunas de las cosas que están mal en la Universidad como la propia Consejera ha reconocido a lo largo de la reunión.