La Plataforma Estatal por los Derechos en el Trabajo Sexual , reunida en Madrid los pasados días 7 y 8 de febrero, quiere manifestar ante la opinión pública su posición frente el acoso que están sufriendo las trabajadoras del sexo que «deciden» ejercer la prostitución, especialmente aquellas que captan a sus clientes en las calles, parques y polígonos de las ciudades, y que son las más vulnerables. También aportan críticas al Plan integral contra la Trata de Seres Humanos con fines de Explotación Sexual, aprobado por el gobierno
Sevilla Actualidad. La institución afirma que «este hostigamiento policial» está aumentando en los últimos tiempos y en algunas ciudades los insultos, las amenazas y las multas están a la orden del día. «Las corporaciones municipales siguen poniendo en marcha normativas, que rozan lo anticonstitucional, ante la inhibición del Gobierno central, a quien no parece preocuparle la situación ni los derechos de dichas personas», continuán en un comunicado. «Denunciamos las normativas municipales que sancionan la prostitución que conctacta su clientela en el espacio público, así como las sanciones económicas que se les impone y que hacen que aumente el estigma, la pobreza y la discriminación de las prostitutas», agregan.
Asímismo, muestran su malestar ante la aprobación por parte del Gobierno del Plan integral contra la Trata de Seres Humanos con fines de Explotación Sexual, por lo que quieren manifestar su desacuerdo con la consideración de que sólo sean beneficiarias de la asistencia y la protección que el plan propone aquellas víctimas que previamente hayan denunciado a sus captores. «Pensamos que la protección a las víctimas debe ser el elemento central y no el control policial y fronterizo.»Entendemos que el hecho de exigir siempre una denuncia previa puede menoscabar dicha protección. Además nos parece poco tiempo el periodo de reflexión de 30 días para recomponerse y pensar en la posibilidad de denunciar».
Las personas que se han visto involucradas en una situación de trata no pueden ser sólo víctimas sino que habría que tender a que sean protagonistas de sus propios recorridos vitales, exigimos por tanto que se tenga muy en consideración sus opiniones a lo largo de todo el proceso y que se establezcan medidas de reparación del daño que se les ha causado.
Asimismo, dicen lamentar profundamente que el plan no incluya otros tipos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral (en cualquier industria), los matrimonios forzosos o las situaciones de servidumbre por la discriminación que esto implica para otras personas víctimas de trata que no ven reconocidos sus derechos a la protección y la asistencia.
Por otro lado, no ven necesario establecer indicadores claros para diferenciar en la práctica la trata de seres humanos del tráfico ilegal de inmigrantes, tal y como se contempla en el preámbulo del Plan. Muchas personas recurren al tráfico para poder entrar en un país y eso no quiere decir, como hemos transmitido en anteriores y repetidas ocasiones, que todas las personas inmigrantes que ejercen la prostitución lo hagan de forma «forzada» por redes criminales.
Para concluir, consideran especialmente preocupante la asimilación que en el Plan se hace entre trata y prostitución voluntaria. Creemos que esta asimilación entorpece la lucha contra la trata y recorta los derechos de las trabajadoras sexuales que han decidido ejercer por decisión propia.
Por todo esto, el colectivo exige una evaluación participativa (anual o bianual) del plan, con unos indicadores previos de evaluación, en donde tengan cabida todas las organizaciones que trabajan directamente con las personas que se prostituyen, ya que son sobre todo estas ong’s de atención directa quienes tienen un mayor conocimiento del grado de acierto o desacierto de las medidas desarrolladas en el plan y de cómo afectan a la población a quien va dirigida.