Además, la Junta personada en el caso, ha pedido 30 años de inhabilitación y el pago de una multa de 817.180,37 euros para el exconsejero de Empleo.
La Junta de Andalucía, que se ha personado como acusación en el caso de los expedientes de regulación de empleo (los conocidos ERE) fraudulentos, ha solicitado seis años y medio de cárcel, 30 años de inhabilitación y el pago de una multa de 817.180,37 euros al exconsejero de Empleo Antonio Fernández por la ayuda sociolaboral concedida a la empresa Aecyro, según han informado agencias este miércoles.
La Junta pide esta pena además de 17 años de inhabilitación por un delito continuado de malservación, nueve por un delito continuado de prevaricación y seis meses de cárcel, además de la cifra de la multa antes expuesta.
Además, la Junta acusa hasta a ocho personas, entre los que se encuentran el ex director general de Trabajo y Seguridd Social, Francisco Javier Guerrero -al que le piden cinco años y medio de cárcel, 27 años de inhabilitación y el pago de 707.560,37 euros y el ex director general de Trabajo Juan Márquez, para el que pide tres años de prisión y 13 de inhabilitación.