Además, le pide que se «sume al objetivo papel cero» y afirma que la Junta “no puede eludir permanentemente sus responsabilidades”.
El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, ha pedido hoy a la Junta que “asuma la gestión y los servicios de mejora de la Justicia” al ser “una competencia propia”, además de que “se sume al objetivo papel cero” que fue oficializado con la firma del convenio de colaboración para la implantación del Programa de Reforma de la Administración de Justicia en julio de 2015 entre el ministro de Justicia, Rafael Catalá, y el consejero del ramo de la Administración andaluza, Emilio de Llera, y por el que el Ejecutivo central aprobó un crédito de 1,46 millones de euros para la Comunidad.
El delegado ha afirmado que la Junta de Andalucía “no puede eludir parlantemente sus responsabilidades”, por lo que ha pedido al consejero de Justicia, Emilio de Llera, que “deje de culpar de su responsabilidad a quien le ayuda” y “asuma sus obligaciones”, ya que “las competencias en materia de Justicia están transferidas a Administración autonómica desde hace muchos años”, ha agregado.
Asimismo, ha recordado que el Ministerio de Justicia formalizó el compromiso financiero del acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 22 de mayo en el que se aprobó la distribución de un crédito de seis millones de euros entre las comunidades autónomas con competencias transferidas para la mejora del funcionamiento de la Administración judicial y, de los que a Andalucía le correspondían casi 1,5 millones, que debía destinar durante el ejercicio 2015 a la consecución de diferentes objetivos, como por ejemplo, la mejora del servicio de asistencia jurídica gratuita y el impulso de las nuevas tecnologías.
En este sentido, el delegado ha asegurado que la Junta de Andalucía es “conocedora de todo el proceso de implantación del papel cero desde febrero de 2015”, y ha recordado que la herramienta Lexnet existe desde 2004”, además de que “se ha mejorado con un importante desarrollo tecnológico probado, robusto y contrastado”, y ha permitido enviar hasta la fecha “más de 200 millones de notificaciones y tres millones de escritos”.
Una Ley aprobada con el Gobierno de Zapatero
Del mismo modo, ha incidido en que Junta deberá informar al Ministerio antes del 31 de marzo del cumplimiento de los compromisos financieros asumidos mediante el citado convenio, al tiempo que ha recordado que el objetivo papel cero se estableció con la Ley 18/2011 bajo el mandato del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que fue aprobada con el consenso de todos los grupos parlamentarios y con un plazo de implantación de cinco años, es decir, hasta el 7 de julio de 2016.
Ha insistido que entre las diferentes líneas de actuación recogidas en el convenio de colaboración rubricado el pasado mes de julio entre el Ministerio y la Junta, está el impulso de las nuevas tecnologías para conseguir una Justicia digital, abierta e innovadora y, cuyo objetivo, según ha explicado Sanz, “está alcanzar el papel cero en los juzgados y tribunales mediante la digitalización de los procesos de tramitación y gestión procesal y la plena interoperabilidad de los sistemas de gestión procesal”.
Por último, el delegado ha informado de que entre las actuaciones contempladas en el citado convenio está la mejora de la asistencia jurídica gratuita que conlleve un incremento de las garantías de los derechos de los ciudadanos; la dotación de los medios materiales necesarios para el mantenimiento de la organización judicial e implementación de la Oficina Judicial y Fiscal, así como el incentivo de mejoras que incidan en un servicio público de calidad.