Susana Díaz confía en la retirada de recursos del Tribunal Constitucional para poder aplicar la Ley de Función Social de la Vivienda o la subasta de medicamentos.
La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha cifrado en 8.600 millones la deuda del Gobierno central con Andalucía por conceptos como la mala aplicación del sistema de financiación (6.043 millones de euros) o el «incumplimiento sistemático» de la disposición adicional tercera del Estatuto (2.525 millones), a los que se suma en 2016 una injusta aplicación de la regla de gasto.
Díaz ha destacado, en la sesión de control al Gobierno celebrada en el Parlamento andaluz, el compromiso con la estabilidad presupuestaria, el cumplimiento del objetivo de déficit y el mantenimiento de la deuda y de los servicios públicos que ha tenido Andalucía en los cuatro años de legislatura en el Ejecutivo central y ha lamentado que ese compromiso no haya sido «de ida y vuelta».
La presidenta de la Junta, que ha dicho que el Gobierno andaluz ha tenido que recurrir al Tribunal Constitucional «para la defensa de los intereses» de la comunidad, ha confiado en que la próxima legislatura el nuevo Ejecutivo central permita aplicar medidas que el actual ha recurrido, como la Ley de Función Social o la subasta de medicamentos, así como que asuma el 50% del pago de la dependencia en la comunidad.
Susana Díaz se ha pronunciado también sobre el futuro de la «estructura institucional» en España y se ha mostrado partidaria de «analizar las instituciones y sus competencias» de manera global, para evitar duplicidades y costes innecesarios y contribuir a la eficacia y a la transparencia del sector público.
En el caso concreto del Senado, Díaz ha vuelto a defender su reforma para que se convierta en una verdadera Cámara de representación territorial, en la que todos los gobiernos autonómicos «tengan voz» y que evite, de esta manera, que el Tribunal Constitucional se convierta, como sucede actualmente, «en un órgano de apelación política» al que acuden las autonomías cuando el Estado legisla sobre sus competencias sin consultarles.
La presidenta de la Junta, que ha reclamado a Rajoy una docena de veces la convocatoria de la Conferencia de Presidentes, ha lamentado que el jefe del Ejecutivo haya anulado «por la vía de los hechos» este órgano de diálogo, ya que no se reúne desde el año 2012.
Susana Díaz ha insistido en su defensa de una «reforma constitucional en la que todos nos sintamos cómodos», desde el convencimiento de que «este país necesita resetearse y llegar a un nuevo acuerdo para el horizonte de los próximos 20 ó 25 años».