El vicepresidente de la Junta destaca que ya han sido visitadas ya más de 1,7 millones de páginas del Portal de la Transparencia.
El vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia y Administración Local, Manuel Jiménez Barrios, ha instado al “consenso y acuerdo de todas las fuerzas políticas” para elección en el Parlamento del titular de la Dirección del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía “que vigilará con ojo avizor la actividad pública de las administraciones de nuestra comunidad”.
Jiménez Barrios, ha recordado que tras la aprobación de esta ley se puso en marcha el Portal de Transparencia con tres meses de antelación al inicio de la vigencia de la Ley de Transparencia Publica de Andalucía, “dando así cumplimiento al compromiso en sede parlamentaria de la Presidenta de adelantar la información de mayor interés para la ciudadanía, referida a contratos mayores y menores así como a subvenciones, ayudas y convenios”.
Según ha explicado, el portal, “plenamente operativo” desde el pasado 30 de junio, “permite a la ciudadanía tener acceso tanto a los datos de interés relacionados con la gestión de la Junta -y difundidos por iniciativa propia- como a solicitar cualquier tipo de información que obre en su poder”. En este punto, ha recordado que Andalucía incorpora un catálogo de publicidad activa más amplio que el estipulado en la ley estatal de Transparencia, con datos sobre relaciones de puestos de trabajo y retribuciones anuales; catálogo de puestos de las entidades instrumentales; procesos de selección del personal y ofertas públicas de empleo; condiciones laborales; cartas de servicios; agendas institucionales, y declaraciones de actividades, bienes y retribuciones de altos cargos, entre otros.
De igual forma, ha señalado que el portal adelanta la publicación de los textos normativos a su momento inicial y que, desde diciembre de 2013, se da publicidad previa a los órdenes del día de los Consejos de Gobierno y a los documentos de los expedientes administrativos que fundamentan sus decisiones. Una decisión que ha reseñado que no tiene precedentes en toda España.
A este respecto, ha indicado que, hasta el 22 de octubre, han sido visitadas un total de 1.773.028 páginas del Portal de Transparencia, siendo las relativas a altos cargos las que más visitas han recibido, seguidas por las relativas a empleo público, información institucional y organizativa, así como contratos, convenios y subvenciones.
Asimismo, ha recordado que para que los ciudadanos pudiesen ejercer su derecho de acceso a la información pública, se ha implantado un sistema de información denominado Plataforma Integrada del Derecho de Acceso a la Información Pública (PID@). Según ha explicado este sistema de información está diseñado para dar una respuesta ágil a las peticiones de la ciudadanía, “quienes pueden comprobar el estado de tramitación de su solicitud, además de conocer quién va a contestarle y en qué plazo” y que no exige certificado electrónico, tal y como hace el Estado. En este punto, ha informado de que, a fecha de 22 de octubre, se han recibido un total de 407 solicitudes sobre la actividad de la Administración andaluza a través de esta plataforma, de las que tan sólo 11 han sido denegatorias, lo que supone un 2,7% del total de solicitudes.
En este sentido, ha indicado que las áreas temáticas con un mayor número de solicitudes han sido las correspondientes a acceso a expedientes administrativos, información económica, financiera y presupuestaria, subvenciones, ayudas y becas, así como información institucional y organizativa.
Del mismo modo, ha avanzado que, en próximas fechas, se hará pública toda aquella información que sea facilitada por la Administración a los ciudadanos, junto a las resoluciones motivadas que les denieguen el acceso a la información.
Junto a ello, Jiménez Barrios ha recordado que el pasado 21 de julio, el Consejo de Gobierno aprobó el Decreto regulador de la estructura administrativa básica en materia de transparencia en la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales adscritas. Según ha informado este decreto apuesta por una estructura que pretende involucrar en la transparencia de la actividad pública a todos los órganos que conforman la Administración andaluza, “de tal forma que las personas que trabajan en el sector público se sientan comprometidas de acuerdo con el carácter transversal de la materia”.
Así, ha indicado que esta estructura implica a todas las consejerías y a las agencias, sociedades mercantiles, fundaciones, sobre una estructura sustentada en la Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras, la Secretaría de Transparencia, las Unidades y Comisiones de Transparencia, y la Inspección General de Servicios.
Del mismo modo, ha indicado que toda esta organización actuará en coordinación con el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, cuyos estatutos fueron aprobados, el pasado 29 de septiembre, por el Consejo de Gobierno. El vicepresidente ha calificado a este órgano como la “máxima autoridad independiente de control” en materia de transparencia y protección de datos en la comunidad y cuyas funciones “habrán de llevarse a cabo bajo criterios de objetividad, profesionalidad, sometimiento al ordenamiento jurídico y plena independencia de las Administraciones Públicas”.
En cuanto a la estructura, ha explicado que estará en torno a la Dirección y a la Comisión Consultiva de la Transparencia y la Protección de Datos. Al frente de la Dirección ha señalado que se situará una persona designada por el Parlamento, “por mayoría absoluta, de entre profesionales de reconocido prestigio y competencia profesional, con una experiencia mínima de quince años en materias relacionadas con la Administración pública”. En este sentido, ha señalado que este nombramiento “difiere bastante de la establecida por la ley estatal que atribuye esa elección al Consejo de Ministros”.
Junto a ello, ha señalado que la Comisión Consultiva de la Transparencia y la Protección de Datos, configurada como órgano de participación y consulta, estará presidida la Dirección del Consejo y contará con la participación de 14 miembros, que no percibirán retribución alguna por el desempeño de esta actividad.