Izquierda Unida, que cogobierna la Junta de Andalucía junto al PSOE, considera el recurso del Gobierno español al decreto-ley de la función social de la vivienda un ataque a la autonomía de los andaluces y llama a la movilización de la sociedad civil para defender la norma.
La norma que recurrirá el Gobierno central fue auspiciada por Izquierda Unida como parte de los acuerdos con el PSOE para formar Gobierno en la Junta de Andalucía. El coordinador de IU en Andalucía, Antonio Maíllo, el portavoz del grupo parlamentario, José Antonio Castro, y el secretario general del Partido Comunista de Andalucía (PCA), José Manuel Mariscal, han valorado esta tarde la decisión del Gobierno de Mariano Rajoy de llevar ante el Tribunal Constitucional el decreto-ley sobre la función social de la vivienda, que se aplica en estos momentos en Andalucía. A nivel estatal, también se pronunciaron Cayo Lara, José Luis Centella o el diputado Alberto Garzón.
Maíllo ha llamado a la sociedad andaluza a no asumir «resignadamente este ataque» y ha llamado a la movilización del pueblo andaluz para articular «una alianza social por la vivienda» que convoque a la sociedad civil, a los afectados por las hipotecas, y a todos los agentes sociales y económicos para tomar medidas en defensa del decreto-ley sobre la función social de la vivienda. «Desde Andalucía nos rebelamos y vemos como el PP se convierte en la perfecta correa de transmisión del sistema financiero alemán» ha valorado el coordinador, que considera el recurso como un «ataque» al derecho básico de la ciudadanía a acceder a la vivienda, y que está sufriendo los desahucios y las dificultades de la crisis.
El portavoz del grupo parlamentario, José Antonio Castro, ha valorado la decisión anunciada tras el Consejo de Ministros como una afrenta del Gobierno de Mariano Rajoy al pueblo. El recurso supone, según Castro, gobernar «a favor de la banca» y de los dictados de la Troika, «sin pensar en los problemas de miles de familias».
En las instituciones y en la calle
Los responsables de IU defenderán en las instituciones y en la calle el decreto antidesahucios, y ha asegurado el portavoz parlamentario que continuarán asistiendo a las movilizaciones para evitar la ejecución de nuevos desahucios en Andalucía.
Por último ha señalado el papel del PP andaluz, después de que Juan Ignacio Zoido anunciase en el debate sobre el estado de la comunidad autónoma que no se recurriría la norma: «Es el Gobierno central quien le marca el camino al PP-A, que no se atrevió a votar en contra del decreto por sus intereses electorales».
El secretario general del Partido Comunista de Andalucía (PCA), José Manuel Mariscal, ha valorado en la red social tuiter el recurso ante el Constitucional como «un golpe de estado» a la autonomía andaluza porque, a su juicio pone a la Constitución frente al espejo: «derecho a la vivienda o a la propiedad».
Rechazo estatal
En la escena estatal, el coordinador general de IU, Cayo Lara, ha valorado también la decisión asegurando que «la banca no hace lobby en Moncloa», sino que «Moncloa es una sucursal de la banca».
El diputado por Sevilla, José Luis Centella, ha señalado que es «especialmente grave» que el Ejecutivo «ponga ahora toda la maquinaria judicial del Estado» en contra del decreto antidesahucios andaluz, que autoriza a la Junta a expropiar el uso de viviendas propiedad de entidades financieras de forma temporal para que puedan seguir usándolas los ciudadanos. «Pone en evidencia la falta de escrúpulos de los responsables económicos de Mariano Rajoy y su servilismo hacia los intereses de las entidades bancarias, que siempre vieron esta medida como una amenaza a sus privilegios».
El diputado por Málaga, Alberto Garzón, ha cargado contra el Gobierno central a los que ha llamado «sinverguenzas» por alegar que la norma andaluza «vulnera el derecho a la vivienda» para recurrirla ante el Constitucional, y asegura que el PP «está en guerra contra los trabajadores, contra los pobres, y alineado con la Troika y los intereses del capital financiero».