La Junta evitará desahucios expropiando viviendas a bancos e inmobiliarias Griñán sostiene que el decreto antidesahucios está avalado por el Constitucinal El Gobierno de Rajoy considera que la respuesta al problema de los desahucios debe ser común al conjunto de los españoles y critica las respuestas «por carácter territorial» como el decreto antidesahucios aprobado por la Junta de Andalucía.

El ministro de Justicia, Alberto Ruíz-Gallardón ha valorado este miércoles el decreto antidesahucios aprobado por la Junta de Andalucía. En declaraciones a los medios de comunicación ha lamentado que aborde y dé respuestas al problema de los desahucios en clave territorial «solamente las comunidades que quieran abordarlo».

Gallardón ha indicado que la solución debe tomarse «al margen de la comunidad en la que vivan», y estudiará «el encaje legal» de las medidas anunciadas por Andalucía. El ministro ha abierto un proceso de análisis del decreto y los efectos que pueden tener en el sector algunas de las premisas, como las que pretenden sancionar a bancos e inmobiliarias que no alquilen viviendas vacías o la expropiación de viviendas a entidades para dedicarlas a las familias sin recursos.

A juicio del Gobierno, el Congreso está «dando respuestas a un problema que viene de antiguo, pero que afecta a muchos españoles y que se ha agravado como consecuencia de una situación económica». Gallardón ha incidido en que las iniciativas para solucionar el problema deben tener «cobertura legal, con leyes aprobadas en el Congreso y en el Senado».

El Ministerio de Justicia esperará a que la medida sancionada por la Junta de Andalucía, que gobiernan PSOE e IU, esté  «formalmente aprobada y publicada en el Boletín Oficial de Andalucía», y mantendrá una «actitud de estudio» ante ella hasta que concluya este proceso. 

Otras reacciones

Entre las reacciones que han tenido lugar este miércoles al decreto de la Junta de Andalucía aprobado este martes, destaca el posicionamiento de la portavoz de PSOE en el Congreso de los Diputados, Soraya Rodríguez, quién ha asegurado que la Junta demuestra que se pueden tomar medidas para paliar las consecuencias de los «lanzamientos hipotecarios». Rodríguez asegura que la expropiación de viviendas a los bancos responde a una solución de «emergencia» que se enmarca en un plan de mayor envergadura.

Entre las filas populares se ha pronunciado Carlos Floriano, vicesecretario de Organización, quién ha criticado que los socialistas aprobasen el desahucio exprés desde el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y contempla en Andalucíalas expropiaciones temporales, algo que ha calificado como una medida populista.

Izquierda Unida ha afirmado que si el Gobierno central recurre ante el Tribunal Constitucional el decreto ley sobre la función social de la vivienda se estará poniendo «del lado de los culpables» y oponiéndose a «cientos de miles de ciudadanos».

Joan Tardà, diputado de la Esquerra  Republicana de Catalunya se adhiere a la iniciativa de Andalucía de expropiar viviendas vacías a las entidades financieras para solventar de manera excepcional la necesidad habitacional de la ciudadanía y asegura que el decreto de la Junta pone coto a «la mafia de los bancos» por lo que ha animado a otros gobiernos a actuar en la misma línea. 

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González (PP), ha reconocido que no ha tenido tiempo de conocer con profundidad el decreto de la Junta de Andalucía, pero asegura que la posible expropiación de viviendas vacías a entidades estaría cuestionaría el derecho a la propiedad privada.

Paulino Rivero, presidente de Canarias, se ha mostrado interesado en ahondar en la legislación aprobada en Andalucía con el objetivo de adoptar medidas en la misma línea contra los desahucios en su comunidad autónoma. 

Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, asegura que el decreto de vivienda es «plenamente constitucional»  y está avalado por estudios de los servicios jurídicos, al tiempo que ha anunciado nuevas medidas para combatir la exclusión social en la que se ven inmersos cada vez más colectivos de la sociedad andaluza.

UGT-Andalucía celebra el decreto de función social de la vivienda aunque critica que «no es una solución definitiva» al problema, y asiente en que se trata de «una política que se pone a favor de las personas y no del capital».

Por último, la portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Gabriela Bravo, considera que «todas las iniciativas» que las comunidades autónomas adopten para frenar los desahucios, legalmente y dentro de su marco competencial, son «positivas».

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Equipo de redacción de Sevilla Actualidad

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